La Audiencia Nacional da por cerrada la investigación en Avilés sobre la quiebra de Alu Ibérica

La decisión de la jueza María Tardón, instructora de la causa, se produce después de que dos empresas de criptomonedas, con sede en las Islas Vírgenes Británicas, contestasen los requerimientos judiciales enviados desde España que solicitaban conocer al titular de diferentes cuentas que los expertos de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional, habían localizado. Según las investigaciones policiales, esas cuentas habían recibido fondos de Alu Ibérica. La jueza quería conocer la titularidad y bloquearlas de cara a posibles indemnizaciones si hubiese lugar a ellas.

La Confederación de Cuadros y Profesionales presentó la denuncia en octubre de 2020 y una vez aceptada, la jueza María Tardón, inició las investigaciones para determinar lo sucedido. Posteriormente, a la causa se sumaron el resto de sindicatos del comité de empresa, el gobierno de España y compañías perjudicadas por la gestión del Grupo Industrial Riesgo en Alu Ibérica.

Desde el inicio de la investigación, aparecen como presuntos autores Víctor Rubén Doménech, Alexandra Camacho, Diego Peris y Luis Losada como integrantes del Grupo Industrial Riesgo. En abril de este año, se imputó a Francisco Javier Fernández de Boadilla. Además, a lo largo de la investigación ha imputado a los dos responsables de Parter Capital presentes en la operación: Rudiger Terhost y Joaquim Magin, cuyo abogado ha solicitado el sobreseimiento y que sea aportado del proceso.

Una vez cumplido el primer año de investigación, la jueza dictó sucesivas prórrogas, hasta la dictada el pasado mes de abril y que se ha convertido en la última. Ahora, queda conocer las opiniones de las diferentes partes antes de que María Tardón dicte el auto definitivo para ver si los hechos son suficientes para un proceso penal, considera necesario sólo un proceso civil para exigir responsabilidades o archiva el caso.