Tres problemas en el 0-3

En su día, año 2007, ya hubo un intento de ordenar esta competencia educativa, en vista de que éste era un servicio esencial para poder llevar a cabo otras políticas imprescindibles, como las de facilitar la conciliación familiar o atajar los efectos de una previsión demográfica absolutamente negativa en Asturias. Para ello se pensó en la creación de una fundación formada por el Principado y los ayuntamientos, de forma que toda la red, incluidos lógicamente los educadores, se guiaran por un convenio específico. Aquella idea no cuajó y eso se paga ahora. ¿Cuál es la situación en este momento en Asturias? En primer lugar, todos los ayuntamientos mantienen a los educadores como personal «no permanente», salvo el caso de Langreo, en donde son «permanentes», aunque ese ayuntamiento ha sido el primero ahora en exigir al Principado una solución porque ve que no puede asumir el aumento de su plantilla para prestar un servicio que no es propio.

Mientras tanto, los ayuntamientos lo que hacen es pagar a esos educadores según sus propios criterios. En ese sentido, el espejo en el que se miran los trabajadores es el Ayuntamiento de Gijón, que es el que tiene aprobados unos sueldos más altos. Por el contrario, los sueldos en el de Avilés son muy bajos.

Nos encontramos por lo tanto con dos problemas distintos. Por un lado, el puramente salarial. Por otro, el de que los ayuntamientos puedan asumir a esos educadores como fijos en las plantillas municipales en las que figuran ahora como «no permanentes». La reivindicación de esos trabajadores y de una parte de la Corporación avilesina es que se les haga «permanentes», es decir, que pasen a integrar la plantilla municipal con todas las consecuencias. La primera de ellas sería que esos trabajadores pasarían a a tener el nivel C1, lo que les supondría automáticamente una subida salarial considerable. La segunda –y ahí está el quid de la cuestión– es que esos educadores pasarían a formar parte de la plantilla municipal de forma directa, sin haberse sometido a ningún tipo de oposición o concurso, como exige la ley, sino directamente a través de la prestación de un servicio cuya competencia no es municipal.

Una parte de la Corporación –Somos, IU y Ganemos principalmente– dicen que es lo mismo, que el Ayuntamiento meta en su plantilla a estos trabajadores ya que en el caso de que el Principado asumiera en el futuro todas las competencias, absorbería a esos educadores.

Por otra parte, tres informes técnicos aclaran que esa operación no es viable. Tres informes realizados por los responsables de los Servicios Jurídicos, Recursos Humanos e Intervención del Ayuntamiento de Avilés. El del Servicio Jurídico señala que los municipios (en este caso Avilés) no tienen competencias propias en materia de creación, mantenimiento y gestión de Escuelas Infantiles de Primer Ciclo (0 a 3 años).

El de Recursos Humanos considera que no procede la creación del puesto de trabajo de Técnico de Educación Infantil en la RPT del Ayuntamiento de Avilés. Se basa para ello en la jurisprudencia existente en la materia y en las competencias del Ayuntamiento de Avilés. Y además ratifica que este puesto debe permanecer en el Anexo V (Catálogo de Puestos no Permanentes) del Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de Avilés, ya que está vinculado a una competencia propia de la Administración autonómica.

Finalmente, el Informe de Intervención señala la imposibilidad de pronunciarse al no haber una propuesta concreta –número de trabajadores, sueldos– para poder realizar una evaluación económica.

Reacciones. Para Somos, IU y Ganemos, también Ciudadanos, aunque con matices, los informes de los técnicos municipales no sirven. Son informes ‘ad hoc’, es decir, «informes de parte» que benefician lógicamente a quien los encarga, se supone que la alcaldesa o el concejal del área.

Se trata de una acusación grave –aunque ya se sabe que la política lo aguanta todo–, algo que los portavoces de esos grupos tendrían que demostrar si alguno de esos técnicos acudiera a los Juzgados para defender su profesionalidad y responder así a una acusación de prevaricación, que es la que hacen los partidos citados. No estamos ante ninguna broma: la Ley 1/2015 de 30 de marzo contempla para la prevaricación de un funcionario público una pena de 9 a 15 años y una suspensión de empleo de 1 a 3 años.

Mientras tanto, el PP se abstiene en el amplio sentido de la palabra: en la votación preliminar de la comisión y en hacer una valoración. Y el PSOE, como equipo de Gobierno, argumenta que los informes técnicos son claros en defender la no inclusión de los educadores en la RPT municipal como trabajadores «permanentes».

En vista de los hechos, hay una cuestión que debería abordarse de inmediato y sin ningún problema: los sindicatos y el equipo de Gobierno podrían negociar sin más dilación el aumento salarial de esa treintena de educadoras. En el mes de febrero el sindicato Avanza ya propuso una subida salarial para ellas, a realizar en tres años, hasta 2019, sin que se atendiera esa demanda. No hay motivo para no negociarlo ya. (¿Si en vez de treinta mujeres, los educadores fueran treinta hombres esta cuestión estaría ya resuelta? Lo dejo ahí).

La segunda cuestión, la de integrar a las educadoras en la plantilla municipal tiene otras variables. ¿Quién va a poner la firma a esa decisión, la alcaldesa, el concejal de área, con tres informes técnicos en contra y arriesgarse a una denuncia por prevaricación? Por otro lado, la inclusión en la RPT permanente tendría un efecto beneficioso inmediato, el de la subida salarial. No cambiaría en nada la situación laboral de cada una de las afectadas respecto a si tienen contrato como indefinidas o temporales, pero, ojo, una vez dentro de la RPT significaría que el Ayuntamiento asumiría el servicio como propio y entonces podría verse obligado a sacar esas plazas a un concurso abierto. No se debería obviar este detalle.

Lo lógico sería hacer un frente común de la Corporación con todos los ayuntamientos de Asturias y presionar al Principado para que dé solución a una competencia que es suya. Una vez más, el Principado, su consejería de Educación, primero niega el problema y luego se llama andana, como hace con el Conservatorio de Avilés y con todos los conservatorios municipales.

En todo caso, lo que menos necesita este asunto de las educadoras es que se convierta en otra bandera con la que hacer esa política en la que parece que el que más grita es el que tiene la razón.

Real Avilés

José María Tejero, propietario del Real Avilés, y el responsable de IQ Finanzas, Álvaro López, tienen en su mano cerrar de inmediato un acuerdo para conseguir que este club no siga dando el espectáculo de los últimos días.

* jmurbano@lavozdeaviles.es