El voto de calidad de la alcaldesa de Avilés salva la aprobación del personal eventual del gobierno

El debate comenzó con algo de confusión en la votación para ver si se incorporaba al orden del día. Aunque hubo una mayoría de 17 votos a favor, entre ellos se encontraba el del concejal del PP, Carlos Fernández, por un error que no pudo corregir. Otro compañero del grupo, el edil Jorge García, se abstenía.

A partir de ahí, el debate dejó claro los dos frentes en los que se dividía el Ayuntamiento. El gobierno, a través de su edil Noé Vega, defendía la propuesta destacando que la ausencia de justificación argumentada en la sentencia se suplía con once páginas que detallaban las características de los puestos. La decisión plenaria, además, amortizaba las plazas previas por lo que se cumplía la anulación de los puestos recogidos en la sentencia.

Los argumentos del concejal no convencieron a la oposición. Comenzando por la portavoz del PP, Esther Llamazares, que reprochó al gobierno que los únicos asuntos que llevó esta mañana al pleno entraron por la vía de urgencia. «Es algo inaudito, parece que convocan los plenos porque es un trámite», aseguró. La edil insistió en su denuncia de que el PSOE crea «una administración paralela», acusando al gobierno de dotar al personal eventual de mando sobre el personal municipal cuando la ley lo prohibe. «¿Por qué lo llaman coordinador si no puede coordinar nada?», se preguntó. Llamazares también reprochó que no se anulasen los puestos de personal de confianza. «Están subsanando un error, que no es lo mismo que anular El TSJA dirá si se ha cumplido la sentencia», apuntó.

Desde Podemos, el concejal David García defendió el voto negativo de su grupo apelando a la ausencia de reuniones con la oposición, además de reprochar al gobierno que la resolución «no aclaraba nada». El edil alertó de nuevos procesos judiciales abiertos sobre el personal eventual y las posibles consecuencias.

Por su parte, Arancha Martínez Riola, portavoz de Vox, invitó al gobierno a hacer «las cosas bien» y cesar con los «líos judiciales» en el área de personal. La edil también se mostró escéptica con la respuesta. «El juez dirá si se cumple o no».

Además, el pleno acordó retrasar a un pleno extraordinario que se celebrará el próximo martes la solicitud de una ayuda de ocho millones de euros para la mejora de la eficiencia energética en la ciudad a través de un crédito del Instituto para el Ahorro y Diversificación de la Energía. (IDAE). Se trata de un crédito a diez años, con un tipo de interés cero y cuyo desarrollo no afectará a la estabilidad financiera del Ayuntamiento, según explicó el concejal de Mantenimiento Urbano, Pelayo García. El desarrollo de la ayuda permitiría un ahorro al Ayuntamiento de 500.000 euros anuales.

Según explicó el edil, el Ayuntamiento solicitó la ayuda a través de un decreto de alcaldía. El pasado martes, día 13, el Ayuntamiento recibió la notificación del IDAE de la necesidad de subsanar el error en la petición con un acuerdo por mayoría absoluta del pleno, que debería recibirse en el margen de diez días. A partir de ahí se incorporó al orden del día del pleno, con un expediente de 42 páginas explicando el proyecto.

Las portavoces de PP y Vox, Esther Llamazares y Arancha Martínez Riola, expresaron sus reticencias ante el propuesto, reclamando más tiempo para estudiar el expediente. Pelayo García insistió en las virtudes de la ayuda y los plazos, pero ambas concejalas mantenían su rechazo. Podemos guardaba silencio así que, ante un hipotético rechazo, la alcaldesa, Mariví Monteserín, planteó retirar el punto del orden del día para que fuese estudiado por la oposición. El martes se volvería a reunir el pleno en una sesión extraordinaria apurando los plazos para ver si se asume o no la solicitud.