El Patronato de Laboral culpa de un «secuestro de facto» a DeSoto

En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, se incide en que DeSoto ya conocía por boca de la inspectora de Servicios gran parte de las irregularidades que se le atribuyen desde el pasado mes de junio y que el propio informe le fue remitido el 13 de noviembre, respondiendo este dos días más tarde con sus primeras alegaciones al mismo. Es el 20 de noviembre cuando se pone en conocimiento de la Fundación de Laboral y se le concede «un plazo de cinco días hábiles» para que justifique las irregularidades detectadas en algunas facturas y en un contrato. La secretaría de dirección de Laboral responde a este requerimiento el día 21.

Tras consultar la disponibilidad de los miembros del Patronato con el fin de abordar esta cuestión, la presidenta –o sea, la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez–, «como es procedimiento habitual», solicita que se convoque el Patronato para el 21 de enero remitiendo al efecto el orden del día donde se incluye un punto relativo al Informe de la Inspección de Servicio. Y DeSoto, responsable de convocarlo como secretario de este órgano, le responde que «considera que no debe incluirse» dicho punto o, en su caso, «debe suspenderse la reunión del Patronato» hasta que tenga la oportunidad de explicarse, obviando según el secretario general técnico que «meses atrás tuvo dos encuentros con la inspectora y que dispone del informe desde el 13 de noviembre, remitiendo dos días más tarde un documento con las explicaciones que consideró pertinentes». Incide Cultura en que «es competencia de la presidencia convocar las reuniones, así como indicar el orden del día» y que «se toma conciencia en la presidencia de la Fundación de que el Patronato se encuentra en una situación de secuestro de facto, imposibilitado para reunirse por la voluntad de su secretario, que no cumple las instrucciones que le ha trasladado la presidencia».

Se celebra pues la reunión –convocada finalmente por el director general de Patrimonio y vicepresidente del patronato, Pablo León– el día 21 de enero y se acuerda «dejar abierto ese punto del día sin acuerdo, con el fin de celebrar en próximas fechas un nuevo patronato con este único punto, para lo cual se solicita a DeSoto que remitiese las consideraciones que estimase oportunas por medios escritos».

Concluye el secretario técnico que «no se aporta por parte del director gerente prueba alguna que pueda desvirtuar el contenido fáctico y jurídico del informe de la inspección, sino que se dedica a defender los logros de su gestión, con una prolija reseña de los mismos».

Hace, eso sí, ciertas «consideraciones» a las alegaciones de DeSoto: «Nunca hasta la fecha había trasladado problema alguno con trabajadores a su cargo como hace ahora, por lo que el Patronato nada puede manifestar al respecto» sobre el supuesto acoso que atribuye a tres empleados. Tampoco consta que «por parte del director se haya tomado ningún tipo de medida» al respecto.

En cuanto a las facturas con irregularidades, admite que dos (a nombre de su pareja, de 50 y 15,65 euros) fueron argumentadas como un error y reintegradas, pero insiste en una «clara contradicción» en la justificación de una tercera a nombre de A. G. R. También apunta que en los correos en los que DeSoto solicitaba la modificación al alza de alguna factura a proveedores–según él, por ser erróneas– no se señalaba en dichos mails que la petición respondiese a ningún fallo. Y, respecto al proyecto europeo que Laboral presentó a nombre de la pareja de DeSoto, con el que ella habría ganado 28.000 euros de resultar elegido, el documento mantiene que fue Pablo León, después de ser informado por los trabajadores de Laboral, quien requirió al exdirector la información pertinente y no este quien la ofreció en primer lugar.

Pone además de manifiesto que DeSoto «antepone el resultado» a los trámites de contratación, señalando el posible incumplimiento de varias leyes de contratación, subvenciones y transparencia, además del de su contrato de alta dirección.