«Si los ayuntamientos y la Iglesia se niegan a quitar los símbolos franquistas, lo haremos nosotros»

El padre y la tía de Begoña Serrano (Gijón, 1957), historiadora y directora general de Emigración y Memoria Democrática, salieron el 23 de septiembre de 1937 de El Musel huyendo de la guerra con una consigna que aquellos dos pequeños debían cumplir a toda costa: «Les dijeron que, pasase lo que pasase, se agarrasen de la mano y no se separasen». Nunca la olvidaron. Y el 23 de septiembre ha sido ahora, tras «muchas discusiones», la fecha propuesta por las asociaciones memorialistas asturianas para que el Principado rinda homenaje a las víctimas del franquismo en el marco de la ley de memoria autonómica, aprobada hace ya más de un año con los votos en contra de la derecha. Una norma que establece que la Administración «promoverá medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas, así como el resarcimiento económico a sus familiares».

–El desarrollo reglamentario de la ley va con retraso.

–Estamos con los servicios jurídicos trabajando en él y haciendo la memoria económica. Esperemos que antes de mediados de este mes esté todo en el Consultivo. Necesitamos que se apruebe porque la ley cierra la puerta a muchas cosas mientras no esté el reglamento hecho.

–¿Por ejemplo?

–Por ejemplo, no podemos empezar a abrir fosas. Y me preocupa también acabar con los vestigios del franquismo.

–Veintiséis concejos aún conservan alguno de estos vestigios.

–Así es. Y, si los ayuntamientos no los eliminan, lo haremos nosotros de oficio. La ley nos obliga. Es así de claro. Punto.

–¿Por qué tanta resistencia?

–En parte, en el tema de las calles, hay que reconocer que algunos alcaldes no tienen ni idea de quiénes son esas personas. Es más: en caso de algunos, incluso nos costó a nosotros saber quiénes eran. Y, luego, hay muchos vestigios que son propiedad de la Iglesia. Pero, a diferencia de la ley estatal, la autonómica es muy clara: no se necesita una comisión evaluadora de expertos ni nada. Aquí, si es un edificio catalogado por Patrimonio, se pone una placa explicativa y no se toca. ¿Que no está catalogado? Hay que retirar ese vestigio. La ley no nos da margen: hay que quitarlo.

–¿Qué pasa con los que son propiedad de la Iglesia?

–Lo mismo. La ley es para todos. Tiene que ver contigo, conmigo y con la Iglesia. Hay que cumplirla. Tienen que retirar esos vestigios y, si no, tendremos que retirarlos nosotros de oficio.

–Hablando de la Iglesia, ¿qué sabe de las inmatriculaciones realizadas en Asturias?

–Eso depende de Justicia, pero es verdad que hubo inmatriculaciones hasta hace cuatro días. Hace muy poco que se quedaron con edificios emblemáticos, pero aún no tengo claro si el Prerrománico está o no entre ellos. Espero que todo vuelva a Patrimonio Nacional.

–¿Y de las placas del Instituto Nacional de la Vivienda?

–La ley dice que hay que quitarlas porque no son edificios catalogados. Quizá en esas barriadas, cuando se retiren el yugo y las flechas, sí se pueda poner una placa explicativa de cuándo se hizo el edificio, ligándolo a las políticas franquistas. Lo que no queremos es que esa retirada recaiga sobre los propietarios siempre. Aunque tampoco están talladas en piedra. Con un destornillador y poco más, se quitan.

–De momento, han mandado requerimientos a cuatro ayuntamientos. ¿Por qué solo a cuatro?

–Porque esos cuatro eran los que, según el catálogo de vestigios que hizo la comisión técnica en la que estaba la Universidad, Patrimonio y funcionarios del Principado, tenían calles franquistas. Son Avilés, que ya las retiró; Aller, donde nos costó mucho saber quién era ese señor, que resultó ser el primer falangista muerto en el concejo; Tineo, donde quedaba la calle Calvo Sotelo, y Oviedo.

–¿Qué me dice de la batalla de la capital por mantener los símbolos de la dictadura en pie?

–Oviedo nos ha respondido que, según ellos, no tienen que cambiar nada. Lo que pasa es que hacen referencias a decisiones de técnicos que se guiaban por la ley estatal y nuestra ley es mucho más dura. Les responderemos y esperemos que todo acabe bien. Porque, además, en la batalla legal, los jueces no entraron en los nombres de las calles. Entraron en defectos de procedimiento, que es distinto.

–En su listado, aparecen también dos colegios:el Julián Gómez Elisburu, en Gijón, y el Apolinar García Hevia, en Avilés.

–La consejera de Presidencia acaba de mandar una carta a las consejerías de las que dependía algún vestigio. Sanidad, porque hay un centro de salud con un escudo en Cangas del Narcea que hay que ver si está o no catalogado, y Educación, porque tenemos esos dos colegios. En Gijón, hay un problema en el Elisburu, que es que los padres dicen que no. Pero el Ayuntamiento y el Principado dicen que la ley está para cumplirla. Educación lo tiene claro: hay que cambiarlo.

–Siguiendo con educación, la ley también establece que hay que incluir la memoria en el currículum de ESO y Bachillerato.

–Sí. Vamos a ponernos a ello. De momento, este curso que viene ya hay que hacer actividades extraescolares, cosas que sean atractivas para ellos, que no sea escuchar un rollo... Hay que hacer que indaguen en su propia familia, en los bandos, en qué pasó... Que lo vean como algo muy cercano. Porque, además, yo creo que los jóvenes ven el franquismo como algo absolutamente lejano. Es un tema que estudian como estudian los reyes medievales. Es algo que no tiene nada que ver con ellos. Ahí el trabajo que vamos a hacer es muy importante, porque el desconocimiento de la Historia puede provocar que vuelva a repetirse.

–En la Laboral los antiguos alumnos se oponen a que se coloquen placas informativas...

–Es igual que se opongan que no. Cualquier ley es de obligado cumplimiento. La de memoria democrática, también. La placa ya está y tengo pendiente revisar la visita guiada, en la que no se decía nada sobre su origen franquista ni de que es arquitectura fascista, cuando hay hasta una tesis doctoral que habla sobre ello.

–La oposición cargó en su día contra la ley alegando que era una norma de «pensamiento único, sectaria y que pretende reescribir la historia».

–Lo disfracemos como lo disfracemos, de lo que trata la ley es de llegar a la verdad, la justicia y la reparación. Y, cuando digo a la verdad, quiero decir que no tenemos ningún interés en esconder nada. Hubo alguna acción por parte de los republicanos que fue absolutamente reprochable y nosotros no queremos esconderla. La diferencia es que fueron cosas muy puntuales, no acciones organizadas desde el Estado, sino por grupos determinados, mientras que lo otro fue una represión sistemática llevada a cabo desde el año 39 hasta poco antes de morir Franco. Porque, cuatro días antes, firmó penas de muerte.

–Para ello, asumirán los gastos de exhumación de las fosas comunes.

–Estamos haciendo la memoria económica porque la ley conlleva muchas obligaciones. Pero el esfuerzo por cumplir la ley va a estar ahí y, además, el plan de fosas del Gobierno de España va a incluir inversiones en Asturias para abrir enterramientos.

–¿Cómo se va a articular?

–No sé si va a ser a través de contratos o de subvenciones a entidades. Lo que importa es que se haga de una manera científica, con todas las garantías jurídicas que sean necesarias. No se trata tanto de recuperar los restos de tus familiares, aunque hay mucha gente que sí podrá hacerlo, sino de tener la seguridad de que están allí. Porque muchas veces que se abre una fosa y los que se creen que están allí no están.

–¿Por dónde empezarán?

–Quizá empecemos por aquellas en las que sabemos que hay mucha gente, que para mí son prioritarias. Por ejemplo, tenemos mucho interés en la de Grado, en la que además se dan muy buenas condiciones, porque la finca es municipal y aparecieron huesos durante unas obras. La tengo en la cabeza.

–Hilda Farfante, a punto de cumplir 90 años, acaba de lanzar un grito desesperado para encontrar antes de morir a sus padres, maestros de la República asesinados en Cangas del Narcea.

–Se puso en contacto con nosotros a principios de año y quedamos en ir a verla para hablar todo esto, pero llegó el coronavirus y no pudo ser. Esperemos que antes de que fallezca podamos actuar en las fosas donde se supone que pueden estar.

–A más de cuarenta años del fin de la dictadura, ¿quedan muchos asturianos en las cunetas?

–Sí. Queda mucha gente por exhumar y estoy segura de que quedan muchos asturianos en sitios donde ni siquiera sabemos que hay fosas. Hay que sacarlo todo a la luz. Nos obliga la ley. No hay discusión.

–¿Qué ocurre si la finca en cuestión es privada?

–El propietario tiene que dejarnos acceder. Lo que hay que hacer es pagarle una indemnización durante los días que estemos allí y dejarle la finca bien. Pero, si eso se convierte en un lugar de la memoria, aunque los bienes sean privados, tendrá que ser visitables cierto número de días al mes.

–Además de lugares de la memoria, habrá rutas...

–Sí. Es un trabajo que está haciendo la Fundación Juan Muñiz Zapico.

–La ley también establece la actualización de censos y mapas. ¿Qué cifras manejan?

–En el mapa de fosas, tenemos 402 registradas. Y vamos a hacer una aplicación que conecte fosas, víctimas, campos... De manera que esa base de datos sea una herramienta muy útil para la investigación. En el listado que tenemos hay 27.000 víctimas. Y lo que vamos a hacer es buscar todas las fuentes, ligarlo todo. Además, tenemos la intención de hacer un convenio para recoger todos los testimonios orales de la gente que quede viva, porque se nos están yendo. Y otra cosa que haremos este año es firmar otro convenio con el Ministerio de Defensa para traernos, digitalizadas, todas las causas militares de asturianos que están en Ferrol. También hay causas en un penal de Cádiz que queremos traer microfilmadas.

–Habrá un Consejo y un Instituto de la Memoria. ¿Y un Museo de la Guerra Civil y un banco de ADN?

–En cuanto al museo, va a haber una sección específica dentro del Archivo Histórico. Y, sobre el banco de ADN, el plan es hacer aquí las extracciones e incluir las muestras en el banco estatal.

–Otro de los aspectos a los que se refiere la legislación son los 'niños robados', pero en Asturias la Fiscalía ha archivado todos los casos... ¿No es extraño?

–Sí, pero el asunto no está parado. Hay gente trabajando en ello. Ahí influye todo: hasta la ley de amnistía. Es terrible. La gente de mi edad salimos tanto a la calle para pedir libertad, amnistía y estatuto de autonomía... Y eso se ha convertido en otra cosa.

–Y también la concesión de medallas y títulos de hijos predilectos y adoptivos. ¿Cómo está esa cuestión?

–Tenemos una solicitud de Medalla, que es la de Vicente García Riestra. Es algo que concede el Consejo de Gobierno y yo tengo esperanzas de que se la concedan este septiembre. Espero que sí, porque, además de a Vicente, es un reconocimiento a mucha gente. El problema es que la ley de honores y distinciones del Principado establece que los títulos hijos adoptivos y predilectos solamente se dan en vida, así que no puede concederse a los guerrilleros fallecidos y por eso va a haber un día de la memoria democrática en el que vamos a otorgar otra serie de distinciones con todos los honores.

–Y así llegamos al 23-S.

–Era el día en el que íbamos a hacer un homenaje al Consejo Soberano de Asturias y León, pero vamos a tener que dejarlo para un poco más adelante por no tener reglamento. De momento, estamos preparando el retrato de Belarmino Tomás para colgarlo en Presidencia. Y queremos hacer algo con aquellos niños que salieron del puerto de El Musel. Lo que pasa es que es muy difícil encontrar personas que sigan vivas. Lo que sí celebraremos será una gran semana de la memoria y tenemos ya confirmada a gente importante. Empezaremos el día 16, con una inauguración en la que espero tener una buena representación del Gobierno de Madrid. Vamos a ver la represión sobre las mujeres, gais, minorías étnicas... Historias durísimas. Habrá mesas, talleres... No le perdonaría jamás al COVID que nos la estropease, porque vamos a lo grande.