10.600 asturianos viven en los doce concejos de la región que ya carecen de oficinas bancarias

Frente a esas clausuras, solo una entidad abrió una nueva oficina, Caja Rural de Asturias en Somiedo, sucursal que acaba de cumplir un año. Mientras, doce concejos asturianos ya no cuentan con ninguna. Son el 15,3% del total, aunque su población es muy inferior y apenas llega al 1%, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística. Igualmente, se trata de más de 10.600 asturianos que tienen que cambiar de municipio para acudir a un banco, con el agravante de que en la mayoría de los casos se trata de poblaciones envejecidas con problemas para manejarse por internet y que, incluso, viven en zonas en las que la cobertura no es idónea. Los cajeros también han ido desapareciendo de la mayoría de estos territorios.

En los quince años que separan 2008, cuando se alcanzó el número máximo de oficinas bancarias, hasta la actualidad, se han sucedido varias crisis, desde la desatada tras la caída del gigante Lehman Brothers, a la pandemia, pasando por la que recientemente afectó a Credit Suisse y a bancos regionales de Estados Unidos. Y con cada una de ellas, pero sobre todo con la Gran Recesión, se han impulsado presiones regulatorias que han llevado a las entidades a sucesivas fusiones con el objetivo de ganar sinergias y fortaleza para hacer frente a cualquier tipo de embate, más aún cuando su rentabilidad se desplomaba, empujada por la política monetaria del dinero 'gratis' y los tipos de interés, incluso, en negativo.

Y, a la vez que todo ello sucedía, se apostaba por una mayor la digitalización de la gestión y de los servicios, con el resultado de cierres masivos de oficinas y despidos para reducir costes, con el consiguiente recorte de la red y de las plantillas.

Este proceso ha tenido una mayor virulencia en las localidades de mayor tamaño, en las que resulta más sencillo reorganizar los servicios y concentrar los clientes, aunque tras los ajustes de los últimos años tampoco es tarea fácil. Así, entre marzo de 2022 y el mismo mes de 2023 en Gijón se pasó de 111 a 107 oficinas, en Oviedo de 106 a 103 y en Avilés de 27 a 25, todo ello tras los cierres más drásticos de años precedentes.

El golpe de los cierres, sin embargo, es mucho más duro en las localidades más pequeñas, en las que sus habitantes se quedan sin opciones y el cierre de una oficina puede suponer dejar a la población sin ese servicio. Hace dos años eran nueve los concejos asturianos sin sucursales bancarias y la cifra ha pasado ya a doce: Yernes y Tameza, Pesoz, Santo Adriano, Illano, Caravia, Peñamellera Alta, Ponga, Proaza, Illas, Quirós, Muros de Nalón y Coaña.

Además, la mayoría de municipios de menor tamaño dependen ya de una única entidad, con frecuencia de Caja Rural de Asturias, que no ha apostado por reducir su red comercial, sino todo lo contrario. De ahí que, en junio del año pasado abriera en Somiedo su oficina número 113, tras quedarse el concejo sin sucursales.

La población es un factor importante para la presencia o no de uno de estos establecimientos, pero no es determinante. Como prueba, Villanueva de Oscos, con sus 263 habitantes censados, mantiene una oficina, precisamente de Caja Rural de Asturias; mientras que Coaña, con 3.285, carece de ella. En este último caso no se debe al actual proceso de 'desbancarización', sino a que el municipio tradicionalmente ha carecido de oficina. «Tenemos una situación atípica y muchos de nuestros servicios dependen de Navia», explica su alcaldesa, Rosana González, que recuerda la poca distancia que separa El Espín de la capital del concejo vecino. «Solo hay que cruzar la ría». Igualmente, reconoce que le gustaría «que algún banco se fijara en Coaña», sobre todo, porque tienen importantes puntos de tránsito, desde un hospital comarcal, como es el de Jarrio, al polígono industrial de Río Pinto.

Hay en las decisiones de las entidades una mezcla de factores, que pasan por la población, pero también por su concentración o el acceso a otras localidades de mayor tamaño. De ahí que aparezcan soluciones intermedias, como oficinas «agenciadas», en las que un autónomo, bajo la supervisión del banco, ofrece el servicio a una población concreta; se alternan los días de apertura o se busca un formato itinerante, mientras que los mayores, también en las localidades de un tamaño superior siguen reclamando que se les atienda y no se les deje fuera por falta de habilidades digitales.