Asturias, la mayor damnificada por la subida del precio de los derechos de emisión de CO2

La central térmica de Lada que Iberdrola ha anunciado que pretende cerrar. / J. M. PARDO
La central térmica de Lada que Iberdrola ha anunciado que pretende cerrar. / J. M. PARDO

El coste disparado de los últimos meses penaliza a las térmicas y complica la viabilidad de la industria

NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN.

Asturias ya empieza a notar los efectos de la transición energética. Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez aún no ha tomado ninguna decisión al respecto y las críticas hacia el carbón de la ministra Teresa Ribera se quedan, de momento, en meras declaraciones, la Unión Europea lleva años actuando y su apuesta comienza a complicar seriamente la viabilidad de las instalaciones más contaminantes o aquellas que tienen consumos eléctricos muy elevados. El precio de los derechos de emisión de CO2, que se ha disparado en los últimos meses, pone en aprietos a las centrales de carbón y también a la industria asturiana en una doble vertiente, ya que ve encarecida su factura eléctrica por los costes añadidos de las térmicas, pero además tiene que pagar mucho más en ese mercado de emisiones. De hecho, el Principado es la mayor damnificada de España por la subida del CO2 -hace un año la tonelada estaba por debajo de los 7 euros y ahora supera los 20-, que penaliza a las grandes plantas de la región y, sin embargo, deja de lado sectores muy contaminantes como puede ser el del transporte, con más peso en otras comunidades.

El mercado de derechos de emisión se puso en marcha como un instrumento para desincentivar económicamente la contaminación ambiental y conseguir que las plantas industriales reduzcan las emisiones. El objetivo final es expulsar las formas más sucias de generar energía. Por ello, en 2005, la UE creó el mercado más ambicioso del planeta hasta la fecha, en el que actividades como las centrales térmicas, de cogeneración, siderúrgicas, refinerías o cementeras, entre otras, deben pagar por emitir determinada cantidad de CO2. Este instrumento, unido a una normativa más restrictiva, penaliza, por ejemplo, la produción eléctrica con carbón, por lo que las compañías desplazan las fuentes de generación hacia las renovables. Iberdrola ya anunció que pretende cerrar las térmicas de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia) y la de Anllares, en León, de Naturgy y Endesa, ya tiene prácticamente la autorización para ello.

Sin embargo, este régimen de comercio de derechos abarca solamente el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Un gran grueso se queda fuera, todas las pertenecientes a los llamados sectores difusos (transportes, comercios, pequeñas industrias, calefacción...).

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El precio del CO2 se ha disparado en los últimos meses. La reforma acordada a finales del año pasado por la Unión Europea busca reducir los derechos de emisión que hay en este mercado y, a menor oferta, mayor precio. Aunque la reducción será oficial en los próximos años, los derechos de entonces ya se compran y venden y, ante su reducción futura, su precio está experimentando un fuerte ascenso. Además, este mercado, como cualquier otro, no es ajeno a la especulación y, como se prevé aún un intenso incremento de su coste, hay empresas que están haciendo acopio de derechos con la intención de venderlos en el futuro a un precio aún más alto. Compañías como Arcelor prevén, incluso, que de los 20 euros actuales se pase a 30 en poco tiempo, un coste que consideran inasumible para el competitivo mercado global del acero.

El problema para la economía asturiana es que las emisiones de la región se concentran, precisamente, en esos sectores afectados por el régimen comunitario de derechos que, globalmente, atañe a más de 10.000 instalaciones en todo el continente. El Principado cuenta con una gran industria pesada y, además, es un polo importante de generación eléctrica con combustibles fósiles. De hecho, el 22,2% de la potencia instalada con carbón en España pertenece a las centrales térmicas asturianas. Además, casi el 70% del consumo eléctrico de la comunidad va destinado a la industria.

El Principado no es la comunidad que más contamina, pero sí la que más tiene que pagar, ya que para su pequeño territorio es la que cuenta con más emisiones fijas, que son las que grava el mecanismo comunitario. Según el Observatorio de la Sostenibilidad, en 2016, fueron 17 millones de toneladas, el 14% del total del país, debido al mayor peso de sus centrales de carbón e industria pesada.

Sin embargo, comunidades con altos índices de contaminación no aparecen entre las primeras que más pagan por estos derechos. Son las que concentran más emisiones pertenecientes al tráfico o a los hogares, como Madrid. Mientras que en Asturias solo una cuarta parte de la contaminación se debe al consumo ciudadano, en la capital de España, con un importante problema ambiental, suponen el 95% y permanecen ajenas a este sistema de desincentivo.

Por ello, las patronales de la gran industria, como la siderúrgica o cementera, llevan años denunciando el problema de competitividad que se les plantea, ya que mientras se gravan sus emisiones, se mantienen las fronteras abiertas a productos de otros países que no deben afrontar ese coste extra y pueden permitirse precios inferiores. Alertan, incluso, de que la supervivencia de las plantas europeas está en riesgo y piden que se graven los productos procedentes del exterior que no están sometidos al mercado de derechos de emisiones para, así, estar en igualdad de condiciones. Recuerdan, además, sus esfuerzos inversores para reducir emisiones y ganar en eficiencia.

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