La Audiencia Nacional admite a trámite la querella contra Alcoa por la venta de las plantas en Avilés y A Coruña

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella contra Alcoa por la venta de las plantas de Avilés y de A Coruña. Se trata de una querella presentada por la Confederación de Cuadros Profesionales contra diez personas físicas y nueve jurídicas en relación con el proceso de venta de las plantas.

La querella se presenta por hechos que, según Efe, a juicio del sindicato son constitutivos de los delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal y se dirige contra, entre otros, Víctor Rubén Domenech y las sociedades Alcoa Inespal SLU, Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL o Parter Capital Group.

En el auto de admisión, se insta a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal a que realice «una investigación integral» respecto de las personas contra las que se dirige la querella. Además, pide a la UDEF que le informe sobre la titularidad real de las dos factorías ALU Ibérica LC SL y ALU Ibérica AVL SL, sus socios, órganos de administración y representación, capital social, situación financiera y cuantos elementos puedan resultar relevantes para determinar su posible solvencia, entre otros extremos.

Esta querella se suma a la demanda laboral presentada de manera conjunta por los sindicatos, cuyo juicio se celebrará el próximo 4 de febrero en la Audiencia Nacional.

En 2019, Alcoa vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés (Asturias) y La Coruña (Galicia), después de un largo proceso que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas.

La compañía justificó entonces su decisión dados los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer fuertes inversiones y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio.

Sin embargo, Parter Capital no tardó en desprenderse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica.

Según la CCP, que cifra en 688 el número de trabajadores empleados en los centros de La Coruña y Avilés, Alcoa habría engañado a los sindicatos en el marco de la negociación del despido colectivo, iniciado a finales de 2018.

Con ello, prosigue la querella, buscaba «eludir el abono de sus responsabilidades empresariales con los trabajadores, abocando a la insolvencia de las unidades productivas, para su transmisión lucrativa a terceros».

El escrito relata el proceso de venta y concluye que «los querellados han llevado a que la titularidad de las dos factorías termine en manos de empresas pantalla sin capacidad ni para llevar a cabo el plan de negocios, ni el del pago de los salarios, ni el de la inversión, con lo que se frustra el objetivo final de la negociación, la salvaguardia de los puestos de trabajo».

Al mismo tiempo, añade, se habrían incumplido las cláusulas de contratación, lo que determinaría la liberación de Alcoa de la obligación de invertir -en el acuerdo asumía un desembolso de 95 millones de dólares pagaderos en 21 meses desde la venta, para el mantenimiento de la plantilla (coste salarial aproximado de unos 42,5 millones de euros anuales).

En opinión de los querellantes, «lo primero que hace Alcoa» es bloquear una inversión de 20 millones de dólares por planta, consignándolo notarialmente, «lo que frenó las inversiones y el pago de los salarios, pagos de seguridad social y aportaciones a planes de pensiones de los trabajadores, que seguían unidos a la empresa».

Finalmente, recuerdan que los trabajadores de las plantas carecen de trabajo y tampoco se ha impartido la formación a la que se habían comprometido.

La magistrada se remite en su resolución a la sentencia dictada el pasado septiembre por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que declaró nulo el despido colectivo ejecutado por Alcoa en la factoría de San Ciprián (Lugo), la única planta de aluminio primario que queda en España, y condenó a la multinacional a reincorporar a los 524 trabajadores afectados, al apreciar mala fe.

En aquella sentencia, el tribunal gallego aseguraba que «el fin único y primordial que guiaba a la empresa era apagar las cubas y cerrar la fábrica de la manera más rentable posible».

Y destacaban que los diálogos que Alcoa con Liberty House para vender la planta «permiten sospechar de la existencia de una decisión estratégica» y de que la multinacional entró en la negociación «con posiciones predeterminadas y un claro obstáculo para no llegar a un acuerdo final».

Motivos por los que Tardón admite a trámite la querella del sindicato, a la espera de los informes de la UDEF.