El colapso de la red eléctrica pone en riesgo el despliegue de los centros de datos en Asturias

«No tenemos una infraestructura capaz de acompañar el crecimiento de la nueva economía digital», advirtió esta semana la presidenta de Spain DC, la patronal española de los centros de datos, Begoña Villacís. Sus palabras no se refieren a las instalaciones que dan cobijo a los servidores, sino a los generadores que alimentan estas infraestructuras.

La saturación de las redes alcanza el 84,3% del total de la malla que alimenta de energía a España, según datos de las principales energéticas del país. Asturias sí cuenta con mayor capacidad, pero esta se concentra en las alas, mientras que el centro se encuentra colapsado y ya no permite atraer inversiones de corte industrial, tal como alertaron la semana pasada tanto el Gobierno del Principado como la Federación Asturiana de Empresarios (Fade), así como el presidente de Asturiana de Zinc y de la Asociación de Empresas de Gran Consumo Energético (Aege).

Según los cálculos de la patronal, este problema de la red nacional pone en jaque 58.000 millones de inversión en los próximos cinco años. España, con Madrid, Barcelona y Aragón al frente, se ha convertido en un destino atractivo para estos proyectos clave y una gran oportunidad para desarrollar centros de datos. A pesar de la incorporación de nuevos enclaves, la comunidad madrileña sigue aglutinando un 54,8% de la oferta nacional en términos de capacidad. La región madrileña ha multiplicado casi por 4 su capacidad instalada en los últimos seis años, llegando a superar los 190 megavatios en 2024, frente a los 50 de 2019.

Barcelona, que ha multiplicado más de tres veces su tamaño en el mismo periodo, ha pasado a representar el 18,5% en capacidad frente al 14,4% del año anterior. Y Aragón, pese a ser un mercado de reciente creación, ya aglutina el 10,7% y ha sido foco de atención los últimos meses debido al gran número de proyectos anunciados. Tras ser elegida por los hiperescalares Amazon y Microsoft para posicionar sus regiones 'cloud', empresas como Blackstone o Azora han anunciado la construcción de grandes megacampus en la comunidad.

Asturias, por su parte, ya cuenta con varia iniciativas para acoger este tipo de instalaciones, si bien es cierto que de un tamaño más modesto. En la primera convocatoria nacional de ayudas para espacios de datos, lanzada en mayo de 2024 por el Ministerio de Transformación Digital, siete proyectos asturianos consiguieron captar 6,7 millones de euros de la partida total de 83 millones (el 8,1%) prevista. Y uno de los dos proyectos presentados por la Fundación para la Investigación y la Innovación del Principado (Finba) resultó el mejor valorado de la convocatoria. Además, cuenta con un proyecto pionero para ubicar estos centros en los pozos mineros de la región.

En concreto, el pozo San Jorge, en Aller, recibirá una inversión inicial de tres millones de euros, procedentes del Fondo de Transición Justa, para transformarse en un centro de procesamiento y almacenamiento de datos. La Agencia Sekuens, Hunosa y la Universidad de Oviedo lideran esta iniciativa, una 'nube asturiana' que podría estar operativa para 2026. La idea es que esta prueba piloto sirva de ejemplo para atraer inversiones privadas.

España ha escalado posiciones en los últimos años en el mapa europeo de los centros de datos y se sitúa entre los principales polos del continente, con 143 de estas instalaciones, solo por detrás de Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos, Rusia, Italia y Polonia. Fuentes del sector apuntan al «exceso» de burocracia, las rencillas políticas entre las distintas administraciones públicas y el rechazo social por la baja empleabilidad y el impacto ambiental como los principales problemas que enfrenta este sector en auge. El elevado consumo de energía y agua de estas infraestructuras las ha situado en el disparadero. Ante este 'boom', el Gobierno está ya dando los primeros pasos para endurecer las exigencias a las tecnológicas que construyan estos centros en territorio nacional.

La razón no es otra que el elevado consumo de energía y agua de estas infraestructuras. Hoy termina el plazo de alegaciones al proyecto de real decreto que establece estas nuevas obligaciones sobre una gestión eficiente de la electricidad de recursos hídricos. Si no cumplen y tiene una factura disparada, estas empresas podrían quedarse incluso sin la posibilidad de enchufarse a la red eléctrica. Según el borrador, los centros deberán comunicar cada año un conjunto de indicadores energéticos y ambientales que incluyen desde el consumo total de electricidad y agua hasta el tipo de refrigerantes empleados o el porcentaje de renovable utilizada.

La norma también impone a los centros con una entrada de energía superior a 1 MW la obligación de aprovechar el calor residual que producen sus servidores. Y por primera vez requerirá la publicación de datos socioeconómicos, como el empleo directo e indirecto generado así como el nivel de cualificación de los puestos de trabajo.

«El suministro de suficiente energía para generar la oferta necesaria para el mercado es un claro reto», afirma Elliot Zounon, responsable de centros de datos de la consultora CBRE. «Sin embargo –agrega–, lo que realmente necesitan los inversores e hiperescalares es una claridad y visibilidad sobre los procesos administrativos, imprescindibles para acometer las inversiones necesarias».