Las empresas asturianas sobrepasan en casi 19 días el plazo legal de pago a proveedores

La morosidad, el retraso en los pagos superando los planes legales permitidos -30 días para las administraciones públicas y 60 para las empresas privadas-, tiene costes directos que perjudican la competitividad y la viabilidad. Especialmente de pymes y autónomos, que componen la mayor parte del tejido empresarial español. Incluso en algunos casos les han llevado a tener que cerrar, una situación que se puede agravar aún más en los momentos actuales, con la crisis del coronavirus infectando toda la economía y frente a la que los pequeños negocios tienen menos recursos para hacerle frente. Estamos hablando de que el retraso en los pagos presentó un coste financiero en 2019 de 1.112 millones de euros, según los datos de la patronal de la pequeña y mediana empresa, Cepyme. Entre los morosos hay tanto administraciones -aunque en este caso el Principado es una excepción cumplidora- como empresas convencionales.

En el sector privado, los datos del Boletín de Morosidad de Cepyme indican que el plazo medio en el que las empresas pagan sus facturas es de 82,3 días. En las compañías asturianas es de 78,8 días, una cifra mejor que la media nacional, pero que implica superar en casi 19 el límite legal. En la clasificación autonómica de buenos pagadores, las firmas del Principado se sitúan en el séptimo lugar, a seis días de las mejor pagadoras, las aragonesas -72,6 días- o a cinco de las de Castilla y León, que lo hacen en 73,5 días. No obstante, en ninguna comunidad se está cumpliendo la ley. Los peores pagadores son murcianos, que exceden en más de un mes el plazo legal, hasta llegar a los 94,3 días, y los andaluces, con 90,5.

Otro informe, en esta ocasión de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), organización creada en 2008 por varias asociaciones patronales de pequeñas empresas, denuncia que las grandes firmas son las que más tardan en pagar. Su análisis de las cotizadas de la Bolsa española evidencia que las sociedades del selectivo Ibex-35 retrasan sus pagos a proveedores hasta los 169 días, el triple de lo permitido por la ley. Los plazos empeoran en las cotizadas en el Mercado Continuo, en el que se llega hasta los 339 días en las del sector de comercio y servicios y a 267 en las de construcción e inmobiliario.

Por su parte, el plazo medio de pago del sector público español oscila entre los 26,53 días del Estado, los 39,75 de los gobiernos autonómicos y los 66 de las administraciones locales y municipales, según cifras del Ministerio de Hacienda. Cepyme no lo comparte, y sostiene que la media se eleva a 100 días en los ayuntamientos. En el caso de Asturias, la administración autonómica es cumplidora: el Principado paga en 26,7 días. Sin embargo, en los ayuntamientos, hay gran disparidad.

Patricia Oreña, presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Asturias, destaca, precisamente, el avance de la Administración regional en el último año para reducir la morosidad. «Hay que reconocérselo, tanto al Principado, como a los tres mayores ayuntamientos, porque ha habido un cambio radical», asegura, aunque también destaca que cumplir con la ley no debería de ser noticia, y menos cuando se trata de administraciones, porque un pequeño comerciante es sancionado «y tiene un recargo importante» si se retrasa en el pago del IVA o la Seguridad Social, uno de los temores actuales con la caída del negocio debido al coronavirus. Sin embargo, en el caso de Gobierno, comunidades o consistorios esto no sucede.

De hecho, a pesar de que las leyes contra la morosidad de 2004 y 2010 fijan plazos, lo cierto es no se contemplan sanciones para los infractores. Una reivindicación que es la cruzada que lideran organizaciones como ATA o la Plataforma contra la Morosidad. «No hay medida más social que atajar la morosidad», apunta su presidente, Antoni Cañete.

En este contexto, en la pasada legislatura se tramitaron dos proposiciones de Ley, una en el Congreso presentada por Ciudadanos y otra en el Senado auspiciada por el PDeCat. Decayeron con el adelanto electoral. Planteaban importantes multas, que podían llegar hasta 800.000 euros, la creación de un sistema arbitral y un buzón de denuncias anónimo, como ya hay en Hacienda o en la Inspección Laboral.

En esta legislatura el Grupo Plural (JxCat, Teruel Existe y nacionalistas gallegos, canarios y cántabros) ha registrado otra proposición que plantea cosas similares. La propia ministra de Industria, Reyes Maroto, se ha comprometido a atajar la morosidad con un régimen sancionador y la creación de un sistema arbitral.