El Gobierno abaratará la luz a la industria pero sin llegar al precio de Francia y Alemania

El nuevo estatuto para las electrointensivas, cuyas líneas maestras presentó ayer el Gobierno central a asociaciones empresariales y sindicatos mayoritarios, beneficiará a 19 compañías de la región, según las primeras estimaciones del Ejecutivo, empresas que podrán reducir su factura eléctrica, aunque la rebaja no permitirá igualar el precio de la luz que pagan sus competidoras en Francia o Alemania, como demandaban los grandes consumidores. Desde los ministerios de Transición Ecológica y de Industria, no obstante, aseguran que la brecha se podría recortar entre un 20% y un 25% y se subraya que este estatuto es «el único posible», ante las restricciones que llegan por parte de la Unión Europea y las objeciones que ya puso sobre la mesa en abril la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que obligó a paralizar el anterior proyecto que había elaborado el Gobierno.

Según revelaron la nueva secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y el secretario general de Industria y de la Pyme, Raül Blanco, el nuevo Estatuto del Consumidor Electrointensivo habilitará al Estado para bonificar una parte de las facturas eléctricas y establece una inyección de dinero público que, como mínimo, ascenderá a 260 millones de euros por año para aliviar los cargos que soportan estas compañías, repartidos entre varias actuaciones.

Se trata de «establecer un terreno de juego equiparable con los competidores europeos», según fuentes del Ejecutivo, donde insisten en generar «un marco estable, riguroso y homologable» con respecto al resto de competidores continentales. Así tratan de evitar deslocalizaciones o amenazas de cierres, como las de Alcoa, que llevó en Asturias a la venta de la factoría a Parter y que, ahora, rebautizada como Alu Ibérica, está pendiente de la factura eléctrica para encender o no las cubas de electrólisis. De ello depende el mantenimiento de los 280 puestos de trabajo actuales.

El documento, como ya se había adelantado la semana pasada, incluye tres tipos de apoyos. La compensación por los costes de emitir dióxido de carbono (CO2) ya estaba en vigor y suponía un gasto estatal de 172 millones de euros. «Esperamos que a partir de ahora la dotación sea superior, con un dato que será muy positivo», apuntan desde el Gobierno.

El importe definitivo llegará cuando se aprueben los presupuestos de 2020. Y, en cualquier caso, se unirá al procedente de otra de las medidas dispuestas en el estatuto: la compensación de los cargos destinados a financiar las renovables, la cogeneración de alta eficiencia y el extracoste insular. El erario público bonificará un 85% de ese concepto en el recibo de la industria. Es decir, solo tendrán que pagar un 15% de esos cargos, que son parte de los costes fijos, tal y como tienen los pequeños consumidores. Este mecanismo ascenderá a unos 90 millones.

La tercera vía será la creación de un fondo de garantías y avales emitidos a través de la organización CESCE, el gestor de garantías estatales. El Gobierno pretende asegurar contratos de suministro de electricidad a plazo con proyectos de generación de renovables (los PPAs). Fuentes del Ejecutivo indican a este diario que el importe de estas garantías podría superar unos 500 millones. El Gobierno recuerda que, según varios estudios, estos PPAs pueden suponer «una rebaja sustancial» de precios de hasta 6 euros/Mwh.

El Real Decreto que desarrollará este estatuto beneficiará en toda España a unos 600 negocios, con un consumo de 40.000 GWh/año y que suponen el 17% de la demanda nacional, aunque solo un 3,1% de esas empresas se encuentran en Asturias -se sitúa como la novena comunidad-, mientras que un 25% se ubican en Cataluña. La cifra total aumenta en relación a la subasta de interrumpibilidad, ya que se reduce la exigencia de consumo anual para ser electrointensivo. De ahí que a la puja, llamada a desaparecer, concurrieran menos de 150 compañías, mientras que ahora el estatuto multiplica por cuatro los posibles beneficiarios.

No obstante, aquellas empresas consideradas hiperelectrointensivas, como Arcelor, Asturiana de Zinc (AZSA) o, si arrancara las cubas, Alu Ibérica, pedían un tratamiento diferencial por ese gran consumo.

El estatuto da un paso al caracterizar por primera vez los requisitos que deben cumplir los consumidores electrointensivos y que pasan por un gasto mínimo anual de 1GWh al año; una intensidad energética (consumo/ VAB) mayor de 1,5 kWh/euros, revisable con los precios del mercado; pertenecer a sectores industriales beneficiarios de ayudas en materia de energía y clima y, al menos, un 50% de consumo en las horas valle, en las que los particulares utilizan menos electricidad. Por tanto, además de Arcelor, AZSA o Alu Ibérica, en Asturias pueden beneficiarse como electrointensivas otras compañías de los sectores del metal, químico, agroalimentario o cementero.

El procedimiento para adquirir esta condición lo realizará la Dirección General de Industria y de la Pequeña y la Mediana Empresa y requerirá la presentación de un certificado del distribuidor o transportistas de la red a la que se conecte, de Red Eléctrica de España y un informe de la Entidad Nacional de Acreditación.

Sin embargo, más allá de ofrecer mecanismos de apoyo para la industria, el estatuto también plantea obligaciones llamadas a evitar las deslocalizaciones y un mal uso de los recursos, una petición que ha sido constante por parte de los sindicatos en Asturias. Así, las compañías que reciban ayudas deben mantener la actividad productiva durante un periodo de tres años a partir de la fecha en que se dicte la resolución de concesión, según se recoge ya en el Real Decreto-Ley 20/2018.

Asimismo, obligará a la gran industria a cerrar contratos bilaterales (PPAs) renovables de al menos cinco años y por un 10% de su consumo anual una vez que el fondo que garantice este tipo de contratos esté establecido. Otra exigencia pasa por implantar un sistema de gestión de la energía auditado y certificado y, aquellos grandes consumidores que ya están obligados a implantar este sistema por la normativa vigente, tendrán que acometer necesariamente, cada cuatro años, aquellas actuaciones de eficiencia energética que se puedan recuperar en tres año o menos, según auditorías también obligatorias.