Alcoa advierte de que el borrador del estatuto energético es «insuficiente» y «pone en riesgo la viabilidad» de la planta de Lugo

Instalaciones de Arcelor en Gijón./Paloma Ucha
Instalaciones de Arcelor en Gijón. / Paloma Ucha

La empresa señala que «puede condicionar» el interés de posibles compradores para las factorías de Avilés y La Coruña, a pesar de que el Gobierno estima que supone un ahorro de unos 23 millones para la gran industria

LAURA CASTRO

Las reacciones al borrador del estatuto para las electrointensivas, publicado este mediodía por el Gobierno, no se ha hecho esperar. Alcoa asegura que «no aporta la solución que la industria del aluminio primario necesita en España para su sostenibilidad». Considera que las medidas son «insuficientes», pues mantendrían una significante diferencia de costes energéticos respecto a los principales competidores. «Ni siquiera hay garantía sobre la aplicación efectiva de la compensación por costes indirectos de CO2, la medida más relevante del borrador», lamenta la empresa.

Asimismo, la multinacional advierte de que si las medidas se limitan a las contempladas en el borrador del estatuto, se «pone en riesgo la viabilidad de la planta de San Ciprián, única instalación que mantiene la producción de aluminio primario en España en la actualidad«. Además, alerta, puede »condicionar la viabilidad de la industria y el posible interés de compradores para las factorías de Avilés y La Coruña«.

El Gobierno ha hecho público este mediodía el borrador del estatuto para las electrointensivas, el reglamento que permitirá a 253 grandes industrias de toda España, reducir el coste de su factura eléctrica. La primera medida que contribuirá a esta rebaja será la exención de los pagos por interrumpibilidad -sistema por el que se retribuye a las empresas por desconectarse de la red en caso de que el operador lo solicite- a empresas, como Alcoa, Arcelor y Asturiana de Zinc prestan este servicio de interrumpibilidad. Esta iniciativa supondrá un ahorro total para la gran industria de 23 millones de euros anuales, es decir una reducción en el precio de la energía de 0,81 euros por MWh. «Estos consumidores contribuyen a través de la gestión de su demanda a la garantía del suministro del conjunto del sistema y además prestan un servicio que ellos no reciben, sino que lo dan al resto de consumidores», explica el borrador del nuevo reglamento.

También estarán exentas de los pagos por capacidad, que son uno de los costes regulados en la tarifa energética destinado a compensar económicamente a las centrales de energía por estar disponibles de forma inmediata cuando la demanda sea superior a la oferta y evitar así los costes de luz. Esta medida les permitirá rebajar 1 euro por MWh su factura eléctrica. Esta compensación afectará también a aquellas electrointensivas que no tengan servicio de interrumpibilidad y que contarán con una bonificación del 70%, es decir, reducirán su coste energético en 0,9 euros por MWh. Esta segunda iniciativa tendrá un impacto en los ingresos del sistema eléctrico de 41 millones anuales. «Conviene señalar que, en la actualidad, los abonos a los generadores por capacidad son inferiores a los pagos de los consumidores por este concepto, al haber desaparecido los abonos a los generadores en concepto de disponibilidad y permanecer solo el pago por inversión que va reduciéndose a lo largo del tiempo», especifica el borrador del estatuto. Por lo tanto, señala, «la introducción de esta medida supone unos menores ingresos para el sistema, que será no obstante capaz de asumirlo sin necesitar medidas compensatorias».

El estatuto recoge también otra de los principales reclamos de la gran industria: los contratos bilaterales con las empresas eléctricas, los llamados PPA. De esta forma, « los consumidores electrointensivos podrían reducir el precio de la energía de su consumo base (aproximadamente el 50% del consumo) hasta en diez o quince euros el MWh sobre el precio de mercado», recoge el borrador del estatuto.

76 millones para costes indirectos de CO2 en 2019

El reglamento para los electrointensivos recoge también las compensaciones por costes indirectos de CO2. Los presupuestos de 2018, indica el borrador del estatuto, recogían una partida presupuestaria específica de seis millones. Para 2019 esta partida se encuentra prorrogada aunque el Ministerio para la Transición Ecológica firmará un convenio entre la Secretaría de Estado de Energía y la de Industria para realizar una transferencia presupuestaria de 70 millones y dotar así a estas ayudas de un presupuesto mayor para el presente ejercicio.

La cantidad, no obstante, podría ampliarse hasta los 100 millones con una nueva aportación de 24 millones de euros de otras partidas presupuestarias, tal y como se recoge en el borrador del estatuto.

Obligaciones de empleo y actividad

La nueva normativa, tal y como se había adelantado ya en el decreto de Medidas Urgentes para la Industria, incluye también obligaciones para las empresas que se beneficien de las ayudas que contiene. Deberán mantener la actividad y el empleo por un período mínimo de tres años a partir de la concesión de estas compensaciones, salvo determinadas situaciones de crisis empresarial, y acreditar, en el plazo de un año, la contratación de, al menos, un 10% de su consumo anual de electricidad mediante instrumentos a plazo, con una duración mínima de tres años. De lo contrario, están obligadas a devolver todas las compensaciones recibidas.

Asimismo, deberán realizar, al menos, cada cuatro años actuaciones de mejora en materia de eficiencia energética que puedan ser consideradas «económicamente rentables». Es decir, que el periodo de recuperación simple de la inversión no sea superior a tres años.