La renuncia de Arcelor a comprar la italiana Ilva refuerza la posición de las plantas asturianas

Arcelor hizo una apuesta arriesgada para comprar el grupo siderúrgico italiano Ilva y ahora le toca evaluar las pérdidas y ganancias. Después de haber acordado comprar la compañía en 2018, ayer decidió retirarse de la operación ante la dificultad para cumplir los compromisos contractuales. Para adquirir las instalaciones -incluida la mayor planta de fundición de Europa, situada en Tarento-, la Unión Europea obligó a Arcelor a deshacerse de activos en seis países para cumplir con los criterios de competencia. Entre ellos, dos factorías integrales como las de Asturias: la de Ostrava (República Checa) y la de Galati (Rumanía); su única planta de acero galvanizado en Italia, en Piombino; así como instalaciones en Skopje (Macedonia), Lieja (Bélgica) y Dudelange (Luxemburgo). Todas estas factorías fueron vendidas a un único grupo, Liberty House, que está desembarcando en Europa con fuertes inversiones. En total, incorpora 13.000 trabajadores de Arcelor.

El acuerdo para comprar Ilva que ahora queda en papel mojado suscitó una gran inquietud en las plantas de Avilés y Gijón. La italiana dobla en tamaño a las instalaciones asturianas y fabrica los mismos productos. Es más, Ilva es uno de sus competidores importantes en productos planos. Además, Arcelor e Ilva coinciden en la producción de galvanizado, acero laminado en frío, hojalata y productos pintados que el grupo de Lakshmi Mittal produce en Lesaca (Navarra). La producción de la compañía italiana está enfocada principalmente al mercado del automóvil de Italia y del norte de África.

Así las cosas, la ruptura del compromiso de adquisición supone un cierto alivio para las factorías del Principado, afectadas por un recorte de 700.000 toneladas, que representan un 16% del acero sólido que sale de Asturias y que ascendió a 4,2 millones de toneladas el año pasado (4,9 en el caso del arrabio). Arcelor anunció esta medida en mayo, en respuesta a la subida del precio de la energía, la escalada del coste de los derechos de CO2 y el incremento desmesurado de las importaciones de acero de países extracomunitarios. Las instalaciones asturianas no son las únicas afectadas por la decisión de Arcelor. En la planta de Cracovia (Polonia) se ordenó la parada de su único horno alto y su acería, con una reducción de 1,5 millones de toneladas. Además, el grupo señaló entonces que prescindía de incrementar su producción en un millón de toneladas en la italiana Ilva, como era su previsión. En total, los efectos de esta medida se cuantifican en 3,2 millones de toneladas. De hecho, los problemas registrados en la planta de Tarento habían obligado a derivad una pequeña parte de la producción a Asturias en los últimos meses.

No obstante, los sindicatos no son optimistas en cuanto a la situación porque «genera aún más incertidumbre». Según una parte de la representación de los trabajadores, las plantas asturianas «no están en condiciones» de asumir un incremento de la producción tras el apagado de las baterías de cok de Avilés y con las de Gijón en obras, además de por la parada del horno alto 'B', prevista para mañana y sin fecha para su reactivación, y las mejoras en la acería avilesina, iniciadas ayer.

La justificación de Arcelor para retirarse de la operación, que debía hacerse efectiva a partir de mayo de 2021, apunta a la eliminación, por parte del Parlamento italiano y con efecto a 3 de noviembre, «de la protección legal necesaria para que la compañía implemente su plan ambiental sin riesgo de responsabilidad penal», tal y como comunicó ayer su filial AM Invest Co Italy a los administradores concursales. Así, Arcelor pretende rescindir el régimen de alquiler, mediante el cual gestiona Ilva desde finales de 2018, en 30 días. Según la empresa, el acuerdo firmado en octubre de 2018 «estipula que, en caso de que una nueva ley afecte el plan ambiental de la planta de Tarento para perjudicar materialmente la capacidad de operarla o implementar su plan industrial, la compañía tiene el derecho contractual de retirarse». Es decir, que Arcelor sería responsable de las irregularidades cometidas por la anterior propiedad y por las que pudieran ocurrir hasta poder implantar su estrategia ambiental, de modo que, según fuentes de la siderúrgica, se incumple esa condición de impunidad puesta por la multinacional para acordar la compra.

Además, afirmó que varias sentencias judiciales obligan a los administradores extraordinarios de Ilva a completar ciertas disposiciones antes del 13 de diciembre, bajo pena de cerrar uno de los hornos, lo que «imposibilitaría la implementación del plan industrial y el cumplimiento del contrato». A lo anterior se añaden «otros sucesos graves, independientes de la voluntad de la compañía», que también han llevado a una situación de incertidumbre legal y operativa».

La noticia ha caído como una bomba en Italia. El primer ministro, Giuseppe Conte, aseguró que el asunto de Ilva «tiene la máxima prioridad», por lo que hoy ha convocado a la dirección de Arcelor a una reunión. «Haremos todo lo posible para proteger las inversiones productivas, los niveles de empleo y continuar con el plan ambiental», añadió.