La industria ve insuficientes las propuestas del estatuto para las electrointensivas

La gran industria acoge con prudencia e incluso con desconfianza las medidas que constituirán la espina dorsal del estatuto para las electrointensivas. Tras meses de espera y años reclamando una tarifa estable, predecible y competitiva, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio dio a conocer el martes algunas de las claves del documento, que pasan por una rebaja en las primas a las renovables y los costes extrapeninsulares, el refuerzo de las compensaciones por los costes indirectos del CO2 o el fomento de contratos bilaterales de energía. Son todas medidas que las empresas llevan mucho tiempo demandando, pero estas temen que se queden cortas para equiparar su factura con las de Francia o Alemania, más baratas. En este sentido, ven en lo trasladado por el secretario general de Industria, Raül Blanco, «un avance», pero piden ir más allá y que se desarrolle un sistema que les permita competir al mismo nivel.

Fuentes del sector insisten en que el estatuto no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr una factura rebajada y su éxito dependerá de que esto se logre o no. La industria calcula que, con los cambios, en el mejor de los escenarios, el coste podría reducirse alrededor de un 15%, mientras que sus competidores galos y germanos disfrutan de precios entre un 20% y un 30% más bajos, dependiendo de la configuración del mix energético de cada momento y si las condiciones meteorológicas están permitiendo la entrada masiva de renovables o no.

«Obviamente hay un diferencial de unos 20 euros, según estudios que han realizado empresas de consultoría estratégica», recalcó ayer Guillermo Ulacia, presidente de Femetal, en la firma de un convenio con Caja Rural de Asturias. El máximo responsable de la patronal del metal asturiana explicó también que de esa cantidad la mitad corresponde al precio del mercado (pool) y otros diez a los costes del sistema.

Así, en 2019, el precio del 'pool' se rebajó un 17% por la salida del mix del carbón y su sustitución por el gas y también por las buenas condiciones meteorológicas, sobre todo a final de año, para la entrada de renovables. Mientras, los costes del sistema cayeron alrededor de un 15%, en parte porque también se redujo la retribución a la gran industria en la subasta de interrumpibilidad -lo que reciben sale de la factura de todos los consumidores-, lo que en el fondo fue un perjuicio para esas empresas hiperelectrointensivas, que cobran menos por prestar ese servicio y, por tanto, no permite disminuir ese diferencial con Alemania o Francia.

«Reducir 10 euros megavatio hora en el coste del 'pool' y otros 10 euros en el coste del sistema no es tarea fácil», reconoció Ulacia, que ve en el estatuto «un primer paso positivo», pero también cree que habrá que «seguir trabajando mucho en ver cómo los costes del sistema y los impuestos que gravan el precio de la electricidad se ajustan a lo que están haciendo los competidores en Europa».

Además, también hizo referencia a las ayudas por los costes indirectos del CO2, que las eléctricas repercuten en la factura. «Lo que tenemos que ver, y ahí estará la piedra angular, es si vamos a ligar esos costes indirectos, no a lo que pagamos, sino al porcentaje que el Estado está obteniendo de los derechos de emisión», apuntó el presidente de Femetal, que confía en que, si esto sucede, se podrían incrementar esas ayudas, que ahora están en 179 millones hasta 300.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Comercio de Avilés, Luis Noguera, reconoció anoche en el programa La Lupa, de Canal 10, que no es «optimista» sobre los efectos del estatuto, ya que lo que necesitan las empresas es «predictibilidad» y duda que con la nueva normativa esta se consiga. Precisamente, de las tres cámaras asturianas es la suya la que concentra el mayor peso de industria electrointensiva en la región.