La industria reclama a la UE extender dos años el plazo para usar los fondos de la descarbonización

Cuando se diseñaron los fondos como herramienta para impulsar la recuperación tras la pandemia, las grandes empresas ya advirtieron de que el margen temporal era escaso para acometer los proyectos transformadores que se pretendía ayudar. Según se dispuso, habría que tener adjudicadas las ayudas en 2023 y las obras ejecutadas en 2026. Sin embargo, el atasco en la Administración para impulsar las convocatorias y otro tipo de trabas burocráticas, como las derivadas propiamente de Bruselas, están retrasando las ayudas y también los proyectos. Una prueba de ello está en los planes de descarbonización de Arcelor, como el que presentó para Asturias, que sigue atascado en la Comisión Europea casi 16 meses después de cursar la solicitud. La multinacional ya se ha quejado en multitud de ocasiones del lastre que está suponiendo ese retraso, que obligará a desarrollar el proyecto contrarreloj.

En este contexto, la alianza industrial reclama a la Comisión Europea que extienda los plazos para desarrollar las inversiones apoyadas por los fondos Next Generation dos años, de 2026 hasta 2028, y justifica esa ampliación por la petición adicional de fondos formulada por el Gobierno central para reforzar la dotación presupuestaria de los PERTE —entre ellos, el destinado a la descarbonización—. Según esta asociación, la addenda financiera requiere necesariamente por parte de Bruselas de una addenda temporal para ejecutar los proyectos.

El tiempo pasa y muchas de esas grandes inversiones siguen bloqueadas. De hecho, ni siquiera se ha presentado el PERTE, en cuyo diseño trabaja el Ministerio de Industria, y cuyas convocatorias tendrían que salir y adjudicarse todas a lo largo del año que viene. Después quedarían apenas dos años para ejecutar unas obras que se prevén complejas y que, en la mayoría de casos, dependen precisamente de contar o no con ese apoyo financiero, por lo que no echarán a andar hasta que no se cuente con el dinero. En el caso de Arcelor en Asturias, ya se trabaja en el diseño del proyecto desde el punto de vista técnico y se avanza en la petición de permisos, pero el comité de inversiones de la multinacional no le dará luz verde hasta tener la aprobación de las ayudas de Bruselas. Después habrá que realizar las correspondientes contrataciones y ejecutarlo. Y este tipo de instalaciones nunca son fáciles de desarrollar. Como ejemplo, la obra de reconstrucción de las baterías de cok se aprobó en 2015, tras un plan inicial fallido que quedó aplazado por la Gran Recesión, y los primeros hornos iniciaron su actividad casi un lustro después, en 2020, mientras que la segunda batería arrancó en 2021.

Ampliar

Rubiralta, nuevo presidente de Eurofer

El consejo de Eurofer, la patronal siderúrgica europea, ha elegido a Francesc Rubiralta como presidente por un período renovable de dos años. Presidente y consejero delegado de Celsa, el grupo propietario de la asturiana Moreda Rivi ere Trefilerías, y vicepresidente de Unesid, sucede en Eurofer al consejero delegado de Arcelor en Europa, Geert van Poelvoorde. Tras su nombramiento, Rubiralta ha recordado que los desafíos del sector permanecen, como la crisis energética, la transición hacia un 'acero verde' o el exceso de importaciones.

La multinacional nunca ha pedido públicamente más tiempo para esta obra, porque también le urge descarbonizar la actividad ante futura reducción de las asignaciones gratuitas de derechos de emisión, pero sí tiene prisa por contar con una respuesta de Bruselas.

Sin embargo, la petición de que se alarguen los plazos en la ejecución de los fondos NextGenerationEU no es nueva. En el caso del PERTE para el desarrollo del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), una de las trabas que expusieron las empresas fue, precisamente, su incapacidad para acometer las inversiones antes de la fecha prevista. Ante esta situación, la ministra de Industria, Reyes Maroto, anunció que el Gobierno español está en conversaciones con la Comisión porque los plazos «son muy cortos» y se busca «flexibilizar» algunas de las condiciones.