Lada y Soto de la Barca cumplen dos años cerradas sin alternativas de futuro

Hasta el momento, solo se conoce que hay «negociaciones avanzadas» con Naturgy de cara a plantear una alternativa para Soto de la Barca, según explicó el consejero de Industria, Enrique Fernández, en una entrevista concedida a EL COMERCIO el pasado domingo. Pero «no ha comprometido nada». En similar escenario está Lada, donde Iberdrola acomete tareas de desmantelamiento, pero que no están acompañadas de un proyecto relevante que sustituya al que fuera importante motor económico de la zona. Ante este panorama, ambos municipios urgen a las empresas a acelerar el proceso y anunciar ya iniciativas del suficiente calado como para reactivar el tejido productivo.

«Siempre dijimos que para que la transición fuera justa había que recuperar esos 120 puestos de trabajo directos y los indirectos, y la verdad es que el proceso va bastante más lento de lo que en un principio se creía», señala el alcalde de Tineo, José Ramón Feito. Es «realista» y considera más probable que no haya un gran proyecto para el concejo, sino que sean varios, de menor envergadura, los que finalmente vean la luz. «Se habla de temas vinculados al turismo, así como de almacenamiento energético e industriales; físicamente no hay nada en marcha, pero sí en el ámbito administrativo», añade.

Aunque en Soto de la Barca se ejecutan los trabajos previos al desmantelamiento, que durará unos tres años y medio, «una vez que acaben debería haber más alternativas generadoras de empleo», recalca Feito. En Langreo, la situación es similar. De una alternativa poco se sabe, más allá de que Iberdrola plantea un proyecto de hidrógeno de pequeño tamaño, aunque no hay nada en firme más allá de las meras intenciones que se difundieron. Ante esta desalentadora coyuntura, los sindicatos se suman a las reivindicaciones de los municipios y reclaman que se cumpla el Acuerdo por una transición energética justa para las centrales térmicas en cierre, firmado el 24 de marzo de 2021 por el Gobierno central, CC OO y UGT y las compañías propietarias de las instalaciones.

En el documento, se explicitaba el compromiso de invertir para mantener el empleo y reactivar las zonas perjudicadas. Según el acuerdo, las empresas de las centrales en proceso de cierre deberían haber presentado planes de acompañamiento con propuestas de nuevas inversiones en los mismos territorios, relacionadas con oportunidades de negocio, planes de recolocación para el personal propio y la prioridad de la contratación de los trabajadores de empresas auxiliares en las labores relacionadas con las nuevas actividades y el desmantelamiento.

«Exigimos proyectos ambiciosos, conforme al acuerdo que se firmó entre Gobierno, sindicatos y empresas energéticas, y que contribuyan al desarrollo socioeconómico en torno a la transición energética en Asturias», subraya el secretario general del SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi. Iniciativas que «sabemos que existen y a las que se responde con indiferencia y falta de compromiso» por parte de Naturgy e Iberdrola, que deberían actuar como socios industriales de grandes proyectos verdes que «podrían contar con fondos públicos de reactivación». Pero la realidad es que «pasa el tiempo y no se han cumplido las expectativas, por lo que el escepticismo es el sentimiento mayoritario entre trabajadores y territorios afectados», para quienes Alperi reclama «justicia social», sobre todo ahora que las empresas energéticas «se están repartiendo dividendos obscenos».

«Solo se ha cumplido el cierre y el inicio del desmantelamiento, pero no hay ni un solo proyecto vinculado a la generación de tejido industrial y empleo». Para el secretario general de CC OO de Industria de Asturias, Damián Manzano, esto demuestra «el grandísimo error de cerrar las térmicas antes de contar con alternativas», tanto en lo que se refiere a la actividad productiva como a la generación eléctrica.

Las «ganas y el ansia de Teresa Ribera» por cerrar las centrales de carbón sin que haya un despliegue de renovables suficiente han llevado a incrementar el uso de gas, «que también es una fuente energética sucia y que genera un coste infinitamente mayor y una dependencia exterior que nos coloca en una situación de debilidad absoluta». Así las cosas, la transición para Asturias está siendo «absolutamente injusta, con centrales cerradas y cero alternativas», a lo que se añade el brutal encarecimiento de los precios «que llevan incluso a la pobreza energética de los ciudadanos».