Las grandes patronales creen que la Ley de Industria nace coja al no concretar los fondos necesarios

Sin embargo, desde la Alianza por la Competitividad de la Industria Española –constituida por algunas de las principales patronales de la economía española como la siderúrgica, la química, la papelera o la cementera– aseguran que el nuevo marco legislativo, «aunque positivo, carece de la concreción de lo más esencial: definir cómo se van a articular los recursos financieros necesarios para llevar a cabo el proceso de reindustrialización que requiere nuestro país». Así lo afirma Carlos Reinoso, portavoz del organismo, y subraya que «sin la debida instrumentación de recursos, a través de un fondo de financiación y sin la concreción de plazos, se corre el riesgo de que se quede en meras intenciones».

En esta línea, y cogiendo como base el 'Informe Draghi', la Alianza resalta la importancia de articular «un instrumento de naturaleza pública y permanente, que dote de continuidad el proceso emprendido estos años con los PERTE» e independiente del actual esquema de ayudas. Según sus estimaciones, este nuevo mecanismo debería contar con una aportación anual cercana a los 2.500 millones de euros, «cifra con la que podría garantizarse la competitividad de los activos industriales estratégicos de España».

La nueva ley, que llega 32 años después de la última actualización, pretende facilitar y acelerar la implementación de las inversiones con el objetivo de materializar grandes proyectos industriales. Sin embargo, también quiere asegurar esas inversiones realizadas en España y, por eso, regula que cualquier empresa que quiera finalizar su actividad industrial en nuestro país tenga que anunciarlo con nueve meses de antelación al Gobierno. No solo eso, sino que en el caso de haber recibido ayudas públicas superiores a 3 millones de euros, tendrán que devolverlas si reducen en más de un 65% su producción o en 500 personas o más su plantilla. Así, tras el preaviso al Gobierno, se convocará una mesa de industria con los sindicatos y la comunidad autónoma afectada para estudiar alternativas a esta salida. Y en el supuesto de que estas empresas hubieran recibido subvenciones para la implantación de su actividad, deberán proceder a devolverlas.

Esta decisión se produce, precisamente, en un contexto de máxima preocupación en Asturias tras la paralización por parte de Arcelor de la inversión en las plantas de reducción directa del mineral de hierro (DRI), no solo del Principado, sino de toda Europa. Incluso con la inversión (que cuenta con una ayuda de 450 millones de euros) ya se preveía un recorte de cerca de un millar de trabajadores, pero ahora que el proyecto se ha suspendido por su falta de viabilidad la cifra puede dispararse. No es la única empresa asturiana que se encuentra pendiente de acometer planes de descarbonización. Otras grandes compañías como Fertiberia, DuPont, o Tudela Veguin, aunque ya han dado pasos en ese sentido, también tienen que transicionar hacia procesos de producción menos contaminantes.

La estructura de la ley recoge cinco elementos clave, aunque no plantea ningún fondo económico que los respalde. La Estrategia España de la Industria y Autonomía Estratégica contiene las líneas generales y directrices básicas de la política industrial. El Plan Estatal de Industria y Autonomía Estratégica, con una vigencia de tres años, sirve como instrumento para el desarrollo y consecución de los objetivos de la estrategia e incluye programas de mejora de la competitividad industrial, digitalización, innovación, entornos colaborativos, formación y autonomía estratégica.

Además, se crea el Consejo Estatal de Política Industrial (CEPI) para coordinar las acciones de la Administración General del Estado (AGE), mientras que la Conferencia Sectorial de Industria y Pyme se plantea como el órgano de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas en los ámbitos regulados en esta ley. Por último, el Foro de Alto Nivel de la Industria Española asesorará al Gobierno en el diseño de la política industrial y de autonomía estratégica.

Por otro lado, el texto recoge que también podrán reconocerse nuevos Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) más allá de la vigencia del PRTR (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) que tendrán que estar enmarcados en, al menos, un ecosistema industrial o un reto identificado como estratégico. «La ley no se limita a poner al día la norma actual, sino que supone un antes y un después de la industria española, a través de nuevos instrumentos de política industrial y gobernanza industrial», explicó el ministro Jordi Hereu, que incidió en que el texto «aportará modernización, certidumbre y eficiencia». El titular de Industria fue claro en que se buscará «el máximo consenso» con los grupos políticos porque «España está ante una gran oportunidad ante el desarrollo de una política de reindustrialización».