Oposición y sindicatos acusan a Ribera de «engañar» a Asturias con los fondos de transición

Mientras, el consejero de Industria, Enrique Fernández, argumentó ayer que los territorios mineros no solo van a recibir esos 300 millones, sino que «podrán optar a albergar proyectos de reactivación susceptibles de recibir financiación del resto de líneas contempladas por el ministerio». Por ejemplo, en los ámbitos del hidrógeno, el almacenamiento energético y la rehabilitación. También pueden absorber, añadió, financiación de otros ministerios. Asimismo, aludió a los 92 millones de fondos mineros que recibirán las comarcas mineras para ejecutar proyectos –como la modernización de la estación invernal de Pajares– y a las líneas de ayudas Miner y Minimer, que suman 27 millones para toda España.

No comparten esta visión los partidos con representación en la Junta General. La portavoz del PP, Teresa Mallada, lamentó que «estos cierres recibirán escasa compensación económica desde el Gobierno central y, encima, el Ejecutivo de Adrián Barbón no busca alternativas para generar nuevos empleos». En este sentido, la popular criticó que la región carece de proyectos, al contrario que sucede en otras comunidades como Galicia o Castilla y León.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, consideró el «anuncio de la ministra como una nueva estocada al esfuerzo y compromiso que ha demostrado la sociedad asturiana tras el cierre de las minas y las centrales térmicas». Así, afirmó que se han cumplido «los peores presagios» de la formación naranja. «Los asturianos no se verán recompensados con estas ayudas», añadió.

El portavoz de Podemos, Daniel Ripa, calificó de «completamente insuficiente» esta partida para generar el empleo alternativo necesario en los territorios afectados. «Hay que habilitar los fondos económicos necesarios para generar dos empleos por cada empleo destruido por el proceso de descarbonización», subrayó. No obstante, además de contar con recursos, instó al Principado a «no actuar a golpe de improvisación», en referencia a que de los 19 proyectos que presentó Asturias en la última convocatoria de ayudas para paliar el cierre de las térmicas solo uno fue aceptado.

La portavoz de IU, Ángela Vallina, fue más contundente al indicar que esta cifra, «aunque sea solo una parte de las previstas, es simplemente una tomadura de pelo. Baste comparar los 300 millones que ahora se dicen que irán para labores de restauración ambiental y proyectos en los municipios con los 200 millones que por sentencia se le deben a Asturias de fondos mineros». Asimismo, recordó que esa cantidad se divide entre cinco comunidades, por lo que «no sirve plantear que es que llegarán otros fondos. La ministra es una auténtica catástrofe para Asturias, pero también para este país».

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, también hizo referencia a la ausencia de proyectos para a paliar los cierres, «pero Adrián Barbón y el consejero de Industria permanecen callados». «Hemos denunciado que en el caso de Asturias los fondos no se van a destinar a frenar la despoblación o al desarrollo rural, y ahora Ribera nos confirma que tampoco a nuestra industria ni a paliar el cierre de las térmicas y de las minas», recalcó.

Mientras que el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, acusó a Barbón yFernández de «haber estado mintiendo y protegiendo a la ministra que más ha daño ha hecho a Asturias en nuestra etapa democrática». A su juicio, es «inaceptable que la anticipación del cierre de la minería y las térmicas por el Gobierno de Pedro Sánchez haya reducido el importe de las ayudas que recibe España».

El secretario general de CCOO de Industria de Asturias, Damián Manzano, acusó a Ribera de «engañar» a los asturianos con la transición energética, comenzando por la «mentira» del estatuto electrointensivo. Además, criticó a la ministra por «utilizar los acuerdos firmados con los sindicatos y las eléctricas para salir en la foto y luego incumplirlos», en alusión al pacto suscrito para garantizar una transición justa tras el cierre de las centrales térmicas.

Para el secretario general del SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi, la máxima preocupación es «constatar la falta de voluntad política de poner en marcha actuaciones concretas, lo que contribuye a aumentar el escepticismo de unos territorios muy necesitados de justicia social tras su brutal reconversión». Más de 30 meses después de la firma del Acuerdo Marco de la Minería del Carbón, «no se ha realizado ninguna actuación» para recolocar a los trabajadores y el mismo escenario se reproduce en el caso de las térmicas.

El coordinador de USO-Asturias, Juanjo Estrada, también se pronunció sobre una cantidad que le parece «insuficiente, discriminante y totalmente injusta». «Migajas» del montante total que no permitirán satisfacer las pretensiones de la región.