La privatización de Santa Bárbara cumple 25 años mientras se plantea su reversión

Aunque el proceso de privatización se extendió unos meses más –la firma del contrato de venta tuvo lugar en julio de 2001–, aquella fue la fecha clave que marcó el devenir de la industria de la defensa en Asturias y que, aún a día de hoy, condiciona la estrategia industrial nacional en el sector. De hecho, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aspira ahora a recuperar la otrora empresa pública para integrarla en Indra como parte del proceso de recuperación de autonomía estratégica en materia de defensa, dentro del plan de rearme europeo. Un plan que se ha topado con la oposición de los americanos.

La venta de Santa Bárbara se enmarcó en un proceso de reestructuración y privatización de empresas públicas que se inició en los años 90 con el Gobierno de Felipe González y que se enfatizó tras la llegada al Ejecutivo de José María Aznar. Compañías públicas como Telefónica, Repsol o Endesa fueron parcial o totalmente privatizadas y así, en 1999, la SEPI manifestó su intención de deshacerse de la empresa estatal.

Finalmente, General Dynamics fue la elegida, aunque no sin controversia. Según el Gobierno, el traspaso facilitaría la transferencia de nuevas tecnologías y productos, que permitirían obtener una importante reducción de costes y un incremento de la calidad. Sin embargo, las explicaciones y justificaciones no convencieron a todos y se llegaron a vivir momentos de máxima tensión en aquellos lugares donde Santa Bárbara estaba presente, incluida Asturias.

De hecho, uno de los momentos más tensos del conflicto social y sindical que se generó a raíz del proceso de privatización fue el encierro en la sede de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo del Principado, en Oviedo, por parte de miembros de UGT y de OSOA (Organización Sindical Obrera Asturiana). Tuvo lugar poco antes de la firma del contrato de venta y participaron mayoritariamente trabajadores de la fábrica de Trubia. Las críticas se centraban en la rapidez y la supuesta opacidad de la operación, sin cumplir requisitos de transparencia, control parlamentario ni consulta a los representantes de los trabajadores.

Además, los sindicatos sostenían que una empresa estratégica como Santa Bárbara no debía venderse sin debate en el Congreso de los Diputados y con una evaluación clara de su impacto y advertían del riesgo de que General Dynamics, como empresa estadounidense, desmantelara parte de la estructura industrial española o deslocalizara producción. Pese al encierro y a las protestas, que también tuvieron lugar en Granada, Sevilla, y La Coruña, la venta finalmente se materializó en julio de 2001.

La privatización de Santa Bárbara estuvo sujeta a una serie de condiciones. La multinacional se comprometió con el Gobierno al mantenimiento de la plantilla tanto en términos globales como por factorías, así como la continuidad de la actividad productiva de todas las plantas, entre las que se encontraban la de Trubia y la de La Vega. Sin embargo, esos compromisos tenían fecha de caducidad: cinco años. Una vez pasaron, se fueron diluyendo.

En el caso de Asturias, la consecuencia más clara fue el desmantelamiento progresivo de la fábrica de La Vega. General Dynamics esgrimió la existencia de duplicidades para reducir la actividad mientras transfería funciones a Trubia hasta que finalmente cerró la factoría en el año 2012. Santa Bárbara ha pasado de los 2.000 trabajadores con los que contaba en 2001 a los 1.100 actuales; es decir, la plantilla se ha reducido a casi la mitad.

Un cuarto de siglo después, el Gobierno trata de recuperar Santa Bárbara a través de Indra con el objetivo de restablecer cierta autonomía estratégica, pero General Dynamics ya ha dejado claro que no tiene ninguna intención de deshacerse de su filial española, lo que ha generado un choque entre ambas partes. El Ejecutivo quiere que la empresa semiestatal española dé el salto hacia la fabricación de blindados, aunque la contratista norteamericana ya ha advertido de que si sigue recibiendo presiones se llevará a Alemania tanto la sede como las licencias y patentes necesarias para construir vehículos militares.

Por el momento, Moncloa ha rebajado la presión y ha puesto en 'standby' la operación. Mientras tanto, General Dynamics ha anunciado más contratos y nuevas inversiones en Trubia, además de «un plan industrial» para España alineado con los objetivos del Gobierno y con el Libro Blanco de la defensa europeo. La plantilla, por su parte, pide hechos con la llegada de más carga de trabajo.