Alcoa condiciona su inversión en las plantas a que un comprador asuma toda la plantilla

Alcoa condiciona su inversión en las plantas a que un comprador asuma toda la plantilla
Los presidentes de los comités de empresa de Avilés y La Coruña, acompañados por otros representantes de los trabajadores. / E. C.

El Gobierno se compromete a trabajar por las recolocaciones, pero rechaza hacerse cargo de los empleados si no fructifica una operación

NOELIA A. ERAUSQUIN GIJÓN.

Los representantes de los trabajadores de las plantas de Alcoa de Avilés y La Coruña salvaron ayer una nueva bola de partido en el intento de mantener la actividad industrial y el empleo en las dos factorías amenazadas por el cierre, al lograr cerrar un preacuerdo con la multinacional que da de margen casi seis meses más para conseguir un nuevo inversor para las instalaciones. Mientras, la plantilla seguirá recibiendo sus salarios normalmente, incluso los operarios de las series de electrolisis, que la multinacional prevé parar de forma ordenada antes del 1 de marzo. Además, se compromete a aportar hasta 20 millones de euros por planta para volver a poner en marcha estas líneas y rebrascar las cubas que a día de hoy están ya paradas. No obstante, condiciona esta inversión a que aparezca un comprador que asuma a la totalidad de los trabajadores y, por tanto, que la empresa no tenga que realizar ningún despido, recolocación o prejubilación y proporcione, además, las garantías que permitan concluir que el proyecto empresarial es viable. Este preacuerdo tiene que ser aún ratificado por los trabajadores de las dos factorías en sendas asambleas que se celebrarán hoy.

Lo que no lograron los sindicatos fue el compromiso del Gobierno de garantizar el mantenimiento del 100% del empleo más allá del 30 de junio si no fructifican las negociaciones que mantiene con posibles interesados. Se trata de «un anexo ajeno que no forma parte del acuerdo que va a someterse a las partes», aclaró la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, preguntada sobre ese punto que los trabajadores incluyeron en el documento. «Vamos a trabajar por la recolocación de todos los trabajadores, pero no es un compromiso que pueda ser abiertamente escrito en esos términos», señaló.

A su vez, el secretario general de Industria, Raül Blanco, insistió en que seguirá trabajando por «el mantenimiento de las capacidades industriales y la búsqueda activa de un inversor, la atracción de proyectos» y la conservación del «mayor número de puestos de trabajo asociados».

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En líneas generales, el Ejecutivo central se ha mostrado optimista y con «expectativas razonables» de que esta crisis tenga «poca afectación final» sobre el empleo. De hecho, la ministra de Industria, Reyes Maroto, consideró el texto «un buen preacuerdo», al considerar que minimiza los riesgos en relación a los puestos de trabajo. En una rueda de prensa para hacer balance del año turístico, subrayó que «cuando hay voluntad» por parte de todas las partes se puede llegar a buenos resultados.

Pese a esta valoración, los representantes de los sindicatos firmantes, UGT, CC OO y USO, reconocieron que esperaban un mayor compromiso por parte del Gobierno, pero se mostraron satisfechos con un preacuerdo que evita que Alcoa pueda iniciar desde mañana el proceso de despidos. De hecho, subrayaron que el preacuerdo ofrece una solución para unos 355 empleados de las dos plantas, más del 50% de los 623 fijos con los que cuentan, e inversiones para retomar la actividad en las series de electrolisis. Además, se incluyen mejoras en la parte social si finalmente no se encuentra un inversor, con prejubilaciones a partir de los 53 años, recolocaciones en San Ciprián e indemnizaciones mayores para los despedidos.

«Creo que es un acuerdo positivo, porque no teníamos absolutamente nada», subrayó el presidente del comité de empresa de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz (CC OO). Mientras que UGT-FICA valoró un documento que «es clave para la garantía de los puestos de trabajo y el futuro de la actividad». Por su parte Alberto Grijalbo, de USO, destacó el compromiso de que, en seis meses, «no haya un solo despido y la gente no vaya consumiendo el paro en un ERTE».

Descuelgue gallego

Sin embargo, no firmaron el documento los integrantes de la Confederación Intersindical Galega, muy cercanos a las posiciones de En Marea, una de las confluencias de Podemos, que durante las negociaciones ya se manifestaron reacios a cualquier acuerdo que no pasara por la intervención estatal. Justificaron su negativa en que el texto no garantiza el empleo e implica «pactar ya las condiciones de los despidos».

Precisamente, la eurodiputada asturiana de la formación morada, Tania González, pidió ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que intervenga las plantas para salvar los puestos de trabajo. «Puede ser temporal, total o parcial, pero es la mejor garantía», le argumentó durante la visita del jefe del Ejecutivo al Parlamento Europeo en Estrasburgo. El Gobierno, sin embargo, siempre ha rechazado esta posibilidad.

Ahora se abre un periodo de casi seis meses para que las administraciones encuentren un inversor que quiera hacerse con las plantas y subrogue a sus trabajadores, un tiempo que Blanco considera suficiente para encontrar soluciones, aunque el resultado, insistió, no depende del ministerio. No obstante, cualquier grupo interesado se puede encontrar, en principio, con «un marco mejor» que el que tenía Alcoa, gracias a este preacuerdo y también si el Ejecutivo cumple su compromiso de tener listo antes de mediados de año el estatuto para la industria electrointensiva, que permita que los costes energéticos de estas plantas lastren menos su competitividad.

En este sentido, a última hora de la tarde, el Ministerio de Industria, el Principado y la Xunta de Galicia hicieron pública una declaración conjunta en la que el Ejecutivo se compromete a desarrollar antes del 30 de junio el Real Decreto Ley 20/2018, de 7 de diciembre, ese estatuto «para garantizar un marco energético estable, predecible y competitivo».

Además, en esa declaración, las administraciones se comprometen «a buscar, identificar y captar inversores industriales que añadan valor y puedan iniciar su actividad en las instalaciones existentes en Avilés y La Coruña antes del 30 de junio». Asimismo, destacan que también activarán los instrumentos públicos de apoyo a la inversión y de acompañamiento al posible comprador, que puedan facilitar la operación.

En otro punto, se muestran dispuestos a promover medidas de política industrial que contribuyan al mantenimiento de las capacidades industriales y laborales en ambas zonas en pro de un desarrollo económico sostenible, todo con el objetivo de garantizar la continuidad del empleo en las dos factorías.

Para llevar a cabo el seguimiento de estas actuaciones, se creará una comisión con representantes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de Alcoa, del Principado, de la Xunta de Galicia y de cada uno de los sindicatos firmantes.

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