Alcoa prorroga ocho días más el plazo para la venta de las plantas y alarga el suspense

El Gobierno central y el asturiano se enteraron de que Alcoa frenaba la venta a Parter por los propios representantes de los empleados, que desde la reunión avisaron alarmados por esta noticia. Al hotel madrileño en el que se celebraba se trasladó el secretario general de Industria, Raül Blanco, y también otros miembros del gabinete de la ministra Reyes Maroto, que arrancaron de Alcoa ese plazo de ocho días para intentar subsanar la supuesta falta de garantías de Parter. El grupo suizo lo atribuye a un cambio «unilateral» de opinión de la multinacional americana, a la que en principio le valía un aval de quince millones por planta, para pedir el viernes por la mañana el dinero ingresado en una cuenta.

A pesar de la intervención de Blanco, los trabajadores pedían ayer responsabilidades y arremetían contra Alcoa y la Administración. Contra la primera, por «jugar» con los empleados y contra la segunda, por fiarse de la multinacional, 'comprar' el descarte de Quantum e, incluso, presionar a la plantilla para que aceptara la oferta de Parter. Hablan hasta de «hostigamiento». CC OO de Industria, en un comunicado, exigió ayer «una petición de disculpas públicas» por parte del Ministerio por una situación que compararon con el 'petromocho', cuando el Ejecutivo regional fue engañado por un supuesto inversor que prometía construir en Asturias una refinería de petróleo.

«Es singularmente doloroso el papel de la Administración regional asturiana, confundiendo lealtad institucional con la sumisión», señaló también el sindicato, en referencia a que el Principado, tras defender la opción de Quantum, cedió a aceptar a Parter como único inversor posible para hacerse con las plantas de Alcoa.

A pesar de los reveses, el consejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado, Isaac Pola, se mostró ayer confiado en que el proceso pueda seguir adelante, aunque reconoció que la exigencia de nuevas garantías financieras supone una «dificultad» para cerrar la operación. «Todavía confiamos en que esas dificultades se puedan sustanciar y que el proceso concluya como estaba previsto con el objetivo inicial de mantener la actividad industrial en ambas plantas y la mayor parte del empleo», afirmó Pola.

Más beligerante se mostró la alcaldesa de Avilés, que cargó contra la multinacional. «Alcoa ha cambiado las reglas en el último minuto: es impresentable y desleal», aseguró Mariví Monteserín, que considera que la compañía ha dado, «una vez más, muestras de una deslealtad total».

Tanto Monteserín como Pola destacaron, sin embargo, la rápida intervención del secretario de Industria para lograr esa prórroga de ocho días para intentar solucionar esa supuesta falta de garantías financieras y evitar los despidos.

Por su parte, la diputada asturiana de Unidas Podemos, Sofía Castañón, reivindicó «la soberanía del Estado en la producción del aluminio primario» y pidió la intervención del Gobierno para paralizar los despidos, mientras que el Ejecutivo gallego reclamó al de Sánchez que «mueva ficha» para «facilitar un futuro» a las electrointensivas.

Ahora, el proceso tiene ocho días más de margen, pero los trabajadores desconfían de cualquier posibilidad. Mañana, a las once de la mañana, los comités de empresa están llamados de nuevo a reunirse con representantes de Alcoa. Se supone que en esa cita les informarán de si Parter ha podido o no depositar esos 30 millones de euros en la cuenta que requiere la multinacional aluminera.

Mientras, la plantilla se niega a ratificar la operación como también exige Alcoa. Si ya había muchas reticencias a hacerlo, porque no ven viable el plan presentado por Parter, ahora aún menos, sobre todo, porque su visto bueno permitiría a la compañía americana lavarse las manos en caso de cualquier problema. Quantum, por su parte, sigue insistiendo con su oferta. A este fondo alemán, descartado también por falta de garantías financieras, no se le dio ninguna prórroga, recuerdan también los trabajadores.