La plantilla de Alcoa urge al Gobierno a presentar un estatuto energético «vital» para las plantas

Maroto habla con trabajadores de Alcoa y sus familiares durante su visita a Asturias el pasado 28 de febrero. / MARIO ROJAS
Maroto habla con trabajadores de Alcoa y sus familiares durante su visita a Asturias el pasado 28 de febrero. / MARIO ROJAS

«Desde que comenzó la crisis no han hecho nada más que dedicar buenas palabras», critica el comité de la factoría de Avilés

LAURA CASTRO GIJÓN.

La plantilla de Alcoa teme que los continuos retrasos del Gobierno a la hora de presentar el estatuto para las electrointensivas dificulte aún más el proceso de venta de las plantas de Avilés y La Coruña. La ministra de Industria, Reyes Maroto, se había comprometido a entregar el borrador en la comisión de seguimiento del conflicto del 11 de marzo, pero no fue así. Se presentará de forma «inminente», aseguró la semana pasada el Ejecutivo central, pero hoy se cumplen siete días de retraso y los representantes de los trabajadores temen que la tardanza influya también en la aprobación de dicho reglamento, fijada para el 26 de abril, y que no llegue a ponerse en marcha antes de las elecciones generales.

«Desde que comenzó la crisis no han hecho nada. Solo han tenido buenas palabras y va siendo hora de que pasen a los hechos», criticó el presidente del comité de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz. Insiste en que los plazos marcados por el Ejecutivo central son «muy justos» y advierte de que no aprobar el estatuto energético antes de las elecciones, «sería un engaño absoluto» a los trabajadores de Alcoa. Los representantes de la plantilla avilesina están convencidos de que sin ese reglamento, destinado a abaratar el coste de la tarifa eléctrica a las grandes consumidoras como Alcoa, Arcelor y Asturiana de Zinc, entre otras, será casi imposible dar con un inversor para la planta que garantice su actividad de forma integral -cubas de electrólisis y horno de reciclado-. «Es vital para nosotros», remarca Gómez de la Uz.

En términos similares se expresó el presidente del comité de La Coruña, Juan Carlos Corbacho, quien explicó que la importancia del estatuto reside en «tener el mejor escenario posible para la actividad de las electrointensivas». Considera que «solo con el borrador» ya habría garantías suficientes para poder negociar la venta de las plantas de Alcoa y pide a todos los partidos políticos que colaboren y «no pongan trabas» a su aprobación. «Nos urge muchísimo. Las cosas no se han hecho bien con las grandes consumidoras, que necesitan una mayor estabilidad para continuar con su actividad», agrega Corbacho.

Según avanzó el secretario general de Industria, Raúl Blanco, el reglamento tendrá tres ejes principales: mecanismos para bajar la factura eléctrica de forma directa -como las redes de distribución cerradas-, ayudas por los costes indirectos del CO2 y facilidades para los contratos bilaterales entre las grandes consumidoras y las empresas generadoras de electricidad -los llamados PPA, acrónimo de Power Purchase Agreement (en español, acuerdo de venta de energía)-. El estatuto considerará a una empresa electrointensiva cuando haya consumido más de 40GWh en dos años y también diferenciará entre electrointensivos e hiperelectrointensivos, en función del cociente resultante de dividir los costes energéticos entre el valor añadido bruto de la entidad.

No incluirá, sin embargo, una tarifa eléctrica exclusiva para las grandes consumidoras ni tampoco una nueva subasta de interrumpibilidad. Este sistema, por el que se retribuye a las compañías por desconectarse de la red en caso de que el operador lo solicite, está regulado por ley y no hay atisbo alguno de que vaya a modificarse en esta legislatura. Por tanto, todo apunta a que la siguiente convocatoria de la subasta, que tendrá lugar en mayo, según confirmó el Ministerio de Transición Energética el pasado viernes, volverá a tener una validez de seis meses. Y tampoco hay demasiadas esperanzas en que la retribución de la subasta vaya a variar mucho respecto a la anterior, que fue de 101 millones de euros, 174 millones menos que la del último semestre de 2018.

«Doble penalización»

La nueva subasta de interrumpibilidad se celebrará un mes antes de que expire el plazo para encontrar un comprador para las plantas de Alcoa. «La multinacional debería acudir de buena fe a pujar, sino estaríamos doblemente penalizados», indica Corbacho, quien señala, no obstante, que «esta nueva convocatoria no es mala. De hecho, de no llevarse a cabo en mayo seguramente no se celebraría por el tema de las elecciones».

Este sistema retributivo es un apéndice más para las electrointensivas, pero las cotinuas rebajas que ha ido sufriendo en los últimos años han dejado de situarlo como un elemento principal para abaratar la factura eléctrica. Es más, en la última convocatoria todas las grandes consumidoras de la región perdieron una parte importante de su bonificación. Alcoa, concretamente, pasó de recibir 47,7 millones a 28,4.

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