Los críticos del PP de Gijón piden responsabilidades por la anulación del congreso local

Los cinco exconcejales que conforman el sector crítico del PP de Gijón han recordado hoy que los estatutos del partido tipifican como falta "muy grave" las actuaciones que relatan las dos sentencias que han anulado el congreso local y que "pueden acarrear hasta la expulsión" de la organización de las personas responsables de "las trampas e irregularidades habidas".

En un comunicado, los ediles Manuel Pecharromán, Maite Menéndez, Francisco Rodríguez, Gabriel Díaz y Raquel Vega han apuntado que fue el Comité Ejecutivo Regional, presidido por Mercedes Fernández, el que estableció las bases y condiciones del cónclave, por lo que deberían ser los órganos del PP de Asturias "los que determinasen qué hacer ante la anulación del mismo".

"Obligar a la junta local de Gijón y a su presidente a liderar la defensa de los intereses de Mercedes Fernández evidencia el deseo de la misma de eludir su responsabilidad en todo el proceso y propiciar el mayor desgaste de otras personas", han asegurado.

Los cinco exconcejales han indicado que con las últimas declaraciones del PP gijonés sobre el contenido del fallo "se menosprecia directa o indirectamente" al magistrado que la dictó, "como ya se hizo de manera soez" con el juez que emitió la anterior sentencia.

Han denunciado que manifestar que la inmensa mayoría de la actividad realizada en el congreso fue válida es un "insulto a la inteligencia" ya que se vulnera el derecho de todo afiliado a ser elegido en el congreso y por tanto "se viola el derecho a la participación política reconocido en la Constitución".

Al mismo tiempo, han recordado que los estatutos del PP establecen en su artículo 9 que la condición de afiliados se extingue por falta de pago de la cuota de militante, aunque finalmente se optase por incluir en el censo a personas que no cumplían ese requisito y se obligaba a los posibles candidatos a presentar el máximo porcentaje posible de avales de los establecidos en el ordenamiento del partido que fija entre un 5 y un 15 por ciento.

"El único objetivo era claro, impedir la posibilidad de candidaturas alternativas a la oficial, pues resulta evidente que con menos de 1.000 afiliados al corriente de pago resultaba imposible que dos candidaturas pudieran obtener 500 avales cada una, ha afirmado.