«No les interesó informarnos bien», aseguran los vecinos de La Camocha en riesgo de desahucio

Algunos ya han recibido la carta y otros la esperan con auténtico pavor. Se trata de un documento que confirmará a diez familias del poblado minero de La Camocha la inmediatez del desalojo de las que hasta ahora han sido sus casas y para las que la mayoría carece de alternativa. Diez inquilinos en situaciones dispares, pero que en su mayoría han llegado a esta situación tras no haber gestionado la subrogación de sus inmuebles en los plazos establecidos para ello. «No fuimos informados correctamente de como teníamos que hacerlo», se justifican.

Es el caso de Luis Menéndez Fernández, quien ve ahora, con 51 años, cómo en apenas unas semanas puede quedarse en la calle junto a su pareja. Su padre, el arrendatario original de la vivienda, falleció en 2012 de silicosis y él no reparó en que debía subrogar la casa a su madre para renovar el contrato de arrendamiento que Mina La Camocha había firmado con sus trabajadores. «En ese momento nadie nos avisó de lo que teníamos que hacer. Desde la administración concursal no nos mandaron ni una carta ni ningún tipo de notificación hasta que ya había pasado el plazo. Después, ya en 2017, se pusieron en contacto con nosotros para pedirnos la fe de vida e iniciar el proceso de desalojo».

Con esta situación, Menéndez es consciente de que sus días en el poblado de La Camocha pueden estar contados, aunque todavía guarda la esperanza de que la concursal decida parar los desalojos y sentarse a renegociar las condiciones. «Me cuesta creer que me vayan a echar de la casa en la que llevo toda mi vida. Lo que sí les garantizo es que no les va a resultar fácil sacarme de aquí», avisa. Una postura que comparten el resto de los inquilinos 'ilegales', quienes se sienten «muy arropados» por el resto del poblado, aunque «echamos en falta ayuda por parte de la administración pública».

El caso de Menéndez es muy similar al de Francisco José Cardín, otro de los inquilinos que aunque de momento no ha recibido la carta del juzgado, está incluido en la lista de arrendatarios que se enfrenta al desalojo. A sus 42 años, Cardín reside actualmente en el inmueble que en su día fue arrendado a su abuelo, minero, por parte de Mina La Camocha. Su padre, también minero, vive en la casa de al lado, aunque con una situación bien distinta a la de Cardín, quien, tras fallecer sus abuelos, decidió quedarse en la vivienda y domiciliar a su cuenta tanto el arrendamiento como los gastos. Una gestión bancaria insuficiente puesto que, al no subrogar la vivienda, el contrato firmado por sus abuelos expiraría tras la muerte de éstos y la vivienda pasaría a manos de la administración concursal. «Yo lo que hice fue ir a la Caja de Ahorros y domiciliar los recibos. Tampoco nadie me dijo que tuviese que hacer otro tipo de gestión, por lo que entendí que con un cambio de titular bastaría», cuenta.

Cardín considera que la administración concursal se aprovechó de esta falta de información por parte de alguno de los arrendatarios para dejar pasar el tiempo y garantizar que los inmuebles pasasen a ser propiedad de la empresa. «Tienen controlados a todos los inquilinos, pero fueron incapaces de notificarnos los pasos a seguir para regularizar los arrendamientos una vez habían fallecido los arrendatarios originales», acusa, a la vez que se lamenta de no haber estado más atento al procedimiento. «El que piense que no regularizamos nuestra situación a tiempo por mantener unas condiciones económicas cómodas no tiene ni idea. Si no lo hicimos fue por desconocimiento», asegura.

Un caso más complejo si cabe es el de Joaquina Morán, viuda de minero y que tras el fallecimiento de su marido no tuvo en cuenta realizar la subrogación correspondiente, lo cual la ha llevado a la posibilidad de perder su vivienda de más de 40 años en la que vive con su nieto. «Cambiamos la domicialización de los recibos, pero no se nos facilitó la subrogación en ningún momento», afirma esta mujer, que sigue con auténtico pánico el conflicto que puede derivar en la pérdida definitiva de su vivienda.

Pese a que el tiempo corre en su contra, los afectados muestran una gran confianza en los movimientos que la mediación vecinal está realizando para detener el proceso y centran su crítica en que los desalojos que propone la administración concursal no responden a ningún proyecto en concreto. «Si los echan, se quedarán con diez viviendas que ni están para ser vendidas, ni pueden derribarse para construir sobre el terreno, puesto que restarían 27 inmuebles que no pueden ser desalojados», afirma el presidente de la asociación de vecinos de La Camocha, Herminio Torre.