La Fiscalía ordenó en mayo a las policías locales poner más radares en las calles 30

La situación que vive actualmente Gijón con las multas de tráfico disparadas por infracciones del límite de velocidad de 30 kilómetros por hora en vías urbanas ha provocado una catarata de reacciones políticas y ciudadanas. Solo en Viesques los carteros están llevando a diario un centenar de notificaciones de denuncia a los domicilios que se corresponden a mediciones realizadas con radares móviles en vías como la avenida del Mar Cantábrico y la calle Poeta Ángel González. En el conjunto de Gijón las oficinas de Correos están distribuyendo, entre sus empleados, una media de entre 500 y 600 avisos de sanción diarios, con penalización de 100 euros, en las últimas semanas.

Esta situación -los afectados aseguran sentirse «cazados»- tiene su origen en un oficio que la Fiscalía de Seguridad Vial remitió a todas las policías locales, a finales del pasado mes de mayo, en relación con los nuevos límites de 30 y de 20 kilómetros por hora implantados en los cascos urbanos de ciudades y pueblos.

El coordinador de este departamento, el fiscal de sala Bartolomé Vargas, dio instrucciones a los agentes de tráfico para que potencien el funcionamiento de los radares de velocidad en el ámbito urbano con el objetivo de implantar el límite de velocidad de 30 kilómetros por hora en las calles de un único sentido de circulación. «En las vías urbanas, además de la concienciación como respuesta principal, es indispensable el aumento de los controles de velocidad, pues las sanciones administrativas y penales tienen un efecto de prevención», asegura Vargas, que cree que «no es posible que el límite se respete si no se incrementa el funcionamiento de los radares, en concreto de los radares móviles».

Frente a las críticas sobre este tipo de controles el fiscal fue muy claro en su controvertido oficio: «Los radares no son recaudatorios, son protectores de los conductores y evitan múltiples tragedias».

Las primeras denuncias que están recibiendo los conductores que fueron multados en el mes de junio, con la ordenanza de movilidad ya en vigor, no se remiten a esta norma sino al reglamento general de circulación. Sin embargo, las notificaciones de sanción fechadas en mayo hacían alusión a la anterior ordenanza de tráfico, que fue derogada el 1 de junio por la norma vigente.

«Es una situación injusta que se puede revertir». De todas las reacciones suscitadas por la situación desvelada por EL COMERCIO la más contundente fue la del diputado regional y presidente del Partido Popular de Gijón, Pablo González, quien advirtió al gobierno local que los centenares de multas de radares móviles en calles 30 «pueden ser declaradas ilegales en caso de que prospere en los tribunales el recurso interpuesto por el PP a la ordenanza de movilidad».

El concejal de Foro Pelayo Barcia, por su parte, recriminó «el afán recaudatorio» del gobierno local y criticó que «la Policía Local está más centrada en colocar radares 30 que en otra cosa». José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, lamenta que «se convierta un problema vial en un problema sancionador» y recuerda que en la velocidad de las vías, que la marca la DGT, se pueden hacer excepciones a petición de la concejalía». Laura Tuero, de Podemos, recuerda que se trata de la aplicación de una ley estatal para pacificar el tráfico y defiende una campaña de comunicación municipal para que los gijoneses conozcan los nuevos límites.

Los grupos de PP y Vox reclamarán información sobre los expedientes de sanción tramitados al edil de Seguridad Ciudadana, José Luis Fernández, en la comisión de Movilidad del martes.

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