Los gestores de pisos turísticos de Gijón piden medidas contra los ilegales y «menos populismo»

Y mientras el debate está en la agenda pública de la ciudad, la suspensión se aplaza una semana. Para afianzar la seguridad jurídica de la suspensión cautelar, el Ayuntamiento se da un tiempo para la redacción de la norma. Prevista su votación como moción de urgencia para el Pleno de mañana, el gobierno local convocará un Pleno extraordinario para abordar el asunto el próximo miércoles 24. El acuerdo pasará previamente por la comisión de Urbanismo del viernes 19, y posteriormente la junta de portavoces convocará el Pleno que lo ratificará. Pese al nuevo emplazamiento, Izquierda Unida, que es realmente el partido que propone la suspensión, mantendrá su petición en el orden del día de mañana.

Volviendo a la cuestión de fondo, los gestores de las VUTs sienten que a este tipo de viviendas se les trata de implicar en conflictos que no existen por su culpa. «Ni destruimos el mercado del alquiler ni hacemos competencia desleal a los hoteles», sostienen. Es más, apuntan a que la regulación regional y municipal lucha contra la economía sumergida. Las críticas por parte de García van también dirigidas hacia la patronal hotelera y hostelera (Otea), a la cual acusa de «generar conflictos a su medida».

En Gijón hay un total de 2.000 viviendas con licencia de uso turístico. En el último trimestre de 2023 se produjo una avalancha de peticiones, hasta el punto de que el Ayuntamiento concedió 208 licencias en los últimos cuatro meses. En este punto, los profesionales reclaman que se tomen medidas contra los pisos de alquiler vacacional que operan sin licencia. Lo hacen, además, sin reparo alguno, puesto que muchos se ofertan en plataformas digitales. «Se tienen que centrar en el control de los pisos ilegales; el Ayuntamiento tiene que hacer más inspecciones para que se cumplan las medidas sujetas en la normativa», apunta Miguel Ramos, de la empresa gijonesa MyHouseAsturias. Víctor Rosón, de la empresa Margemar, además de insistir en el control a las viviendas ilegales, acusa al Consistorio de legislar «a golpe de imaginación». Para Rosón, la suspensión es «ilegal y afectará a la atracción de turistas».

Uno de los argumentos que esgrimen los detractores de las VUTs es que se genera demasiado movimiento en la comunidad durante el periodo de alquiler, y eso, en ocasiones, repercute en el gasto comunitario. «¿Y cuál es el problema?», se preguntan desde Margemar. Desde MyHouseAsturias, por ejemplo, proponen que los propietarios de este tipo de viviendas acuerden con la comunidad pagar más comunidad. «Tenemos clientes que asumen una cuota superior a la del resto de vecinos, y el conflicto se soluciona», apunta Miguel Ramos. A fin de cuentas lo que piden los gestores es, si es que debe darse, una negociación antes que una prohibición unilateral.

Y Pablo Gil, de la gestora Pleya, apunta también a la necesidad de «incrementar las medidas que controlen a los pisos que operan sin licencia». Para Gil, la acotación que pretende el gobierno de Moriyón «iba a llegar en algún momento porque ahora mismo hay mucho volumen». Hay analistas económicos que apuntan a que esta medida enseñará la ley de la oferta y la demanda «en su estado más puro». Creen -«y es economía básica»- que «si capan la oferta pero la demanda sube los precios serán más altos».

Por su parte, la Federación de Asociaciones Vecinales Urbamas de Gijón (FAV) pide al equipo de gobierno formar parte de la mesa de trabajo en la que se «busque solución al cada vez más preocupante exceso de oferta en este mercado». Su presidente, Manuel Cañete, critica que llevan meses escuchando que están trabajando en ello, «pero nada sabemos de cómo lo pretenden afrontar». Cañete, quien sostiene, por ejemplo, que en El Carmen las viviendas turísticas alcanzan ya el 7% del total, celebra la pretensión del Ayuntamiento de suspender la concesión, «aunque es evidente que ha llegado tarde a algunos barrios».