Gijón al Norte atraviesa una «situación crítica» a la espera de recibir el dinero del plan de vías

El plan de vías avanza entre desproporciones y ahí están las finanzas de Gijón al Norte para demostrarlo. La sociedad fue constituida por el Ministerio de Fomento (que controla un 50% de las acciones), el Principado y el Ayuntamiento (con un 25% cada uno). Según el convenio a punto de firmarse, está llamada a pilotar una inversión de 360,2 millones a repartir de aquí a 2025. Supone, tras la ampliación de El Musel, uno de los mayores desembolsos realizados en la ciudad desde el sector público, pero su ambición contrasta con la situación que atraviesa su tesorería.

Las cuentas recién aprobadas de la empresa indican que el año pasado evitó entrar en pérdidas gracias a que sus ingresos fueron 3,68 euros superiores a los gastos. A 1 de enero contaba con 108.054 euros de «efectivo y otros activos líquidos equivalentes». Es una caja que no da ni para pagar las nóminas. Las cuentas indican que en 2018 Gijón al Norte contaba con dos administrativos, un asesor técnico y una directiva, lo que arrojó unos gastos de personal de 207.763,77 euros.

Es decir, la tesoría actual apenas permitiría cubrir seis mensualidades, y eso suponiendo que todos los recursos se destinaran a la plantilla, lo que no es el caso. Hay contratos de auditoría, luz y gastos de oficina. En total, el pasado curso la sociedad consumió recursos a un ritmo de 48.970,5 euros al mes.

Los números no salen. Las cuentas formuladas y el informe de auditoría realizado por un consultor externo eluden subrayar este hecho, pero en el consejo de administración celebrado para su aprobación, el pasado 22 de abril, la actual directora financiera y apoderada de la entidad, Margarita Obegero García-Pajares, se preocupó de remarcarlo. A la hora de analizar las finanzas de Gijón al Norte apremió a los representantes del ministerio, el Principado y el Consistorio a que aprobasen de forma urgente un préstamo participativo para la entidad o de lo contrario la abocarían a «una situación crítica», según precisó.

En aquella reunión todos dieron el visto bueno al nuevo convenio que establece plazos e inversión para el plan de vías y el metrotrén hasta Cabueñes. También a la suscripción de un auxilio económico que impida que Gijón al Norte entre en una situación de desequilibrio financiero. La idea es que cada administración saque de sus presupuestos fondos hasta ceder 1,5 millones a la sociedad en forma de préstamo participativo. De la urgencia de ese rescate dan buena medida los plazos que se manejan. El contrato de préstamo participativo remarca que «la fecha máxima para realizar dichas aportaciones será el 24 de mayo de 2019». Eso deja 16 días por delante a Adif para transferir 770.000 euros, y el mismo margen al Ayuntamiento y el Principado para que por su parte pongan 385.000 euros respectivamente.

La ayuda salva los gastos de la entidad en el presente curso, pero el mismo documento anticipa que para 2020 las administraciones deberán estirarse más, hasta prestar otros 5,6 millones a Gijón al Norte. En función del avance de los estudios y obras los técnicos irán aclarando en qué momento se van precisando esos nuevos desembolsos. Las administraciones se comprometen a entregar los fondos en un plazo máximo de 15 días desde que reciban la petición.

La situación es por tanto apurada, pero la solución está perfectamente redactada y aprobada. Solo queda cumplirla. Lo mismo cabe decir del resto del plan de vías. El convenio que está cubriendo sus últimos trámites para terminar publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se basa en una hipótesis: que el Banco Europeo de Investiones (BEI) u otra entidad de crédito adelante los 353,05 millones que necesitará Gijón al Norte para ejecutar las obras que tiene asumidas.

Recurrir a la financiación externa sale caro. Según las simulaciones hechas en el convenio, si la hipoteca se firma en condiciones favorables, al final habrá que devolver 447 millones. Son 93,95 millones en intereses y otros gastos bancarios. Las administraciones lo asumen porque pagar con los presupuestos tanta obra en tan poco tiempo tensionaría sus finanzas. Esa razón hace del pretendido crédito una cuestión esencial. Tanto que el propio convenio incluye una cláusula que obliga a su revisión caso de no lograr el préstamo.