La consejera de Salud, sobre el Hospital de Cabueñes: «Nos pedían cuatro y cinco veces más que la subida del precio de mercado»

«Hemos intentado llevar al máximo posible la negociación, en el sentido de que las dos partes queríamos que esta situación se solucionara y son unas empresas muy potentes que podían acelerar el ritmo en un momento determinado», explicó. «Pero a pesar de nuestros esfuerzos durante todo este tiempo para conseguir que la obra continuara, no hubo un acuerdo y, además, porque eran unas diferencias insalvables», añadió Saavedra.

La consejera de Salud situó en 20 millones de euros líquidos ese sobrecoste, que realmente iba a superar ampliamente los 70 millones en una obra adjudicada en 79 millones, casi duplicando así su coste final. «Imagínate cuando nosotros vamos a negociar un precio de una unidad y decimos, vale, este precio ha subido en el mercado y, por lo tanto, nosotros vamos a hacer esa subida y ellos te plantean cuatro o cinco veces más de ese precio», argumentó Saavedra, que calificó de «diferencias insalvables» entre las dos partes lo que desembocó en la decisión unilateral de rescisión del contrato anunciada el viernes pasado.

«Eso es imposible porque nosotros nos debemos a los ciudadanos, al interés general y al interés público y, por lo tanto, no podemos ir en contra de la legalidad, ni podemos ir en contra del interés general y del uso adecuado de los recursos públicos», afirmó. Por ello, Saavedra calificó la situación de «inevitable y obligatoria».

Además, de los veinte millones de euros de sobrecoste que se plateaba en la negociación, según pudo saber este periódico, la UTE pretendía que doce millones estuvieran consignados al concepto de riesgo imprevisible. Este recurso es empleado ante la posible aparición sobrevenida de circunstancias que no pueden ser razonablemente previstas por las partes en el momento de celebrar el contrato, algo que el Principado se negó a aceptar. En ese caso los contratistas pueden reclamar que la Administración asuma una parte o la totalidad de esa cantidad imprevista en el momento de la firma.

Saavedra asume que la noticia de la paralización de la ampliación «disgustó a una parte importante de la población, de los ciudadanos de Gijón y también a los profesionales del Hospital Universitario de Cabueñes», pero insistió en que la intención del Gobierno asturiano es acelerar todo lo posible la nueva licitación para poder concluir esta ampliación en esta legislatura, aunque evitó poner plazos, «porque luego te persiguen».

Aseguró que aceptaba las críticas procedentes del Ayuntamiento de Gijón, aunque pidió comprensión. «Todos somos conscientes, porque trabajamos en la administración, de lo que es una obra. Esto no es un caso único, ellos mismos seguro que han tenido situaciones similares o iguales a las que estamos viviendo nosotros y, por lo tanto, puedo echarles un poco en cara que no entiendan la situación y que además entiendan que es una situación que es inevitable», explicó.

«No podemos hacer otra cosa en este momento, y desde luego, lo que hay que hacer es mirar al futuro y mirar al futuro significa trabajar ya, inmediatamente, para volver a comenzar otra vez esta obra», añadió la consejera.

Y respecto a este futuro, Saavedra insistió en que esta circunstancias es «una oportunidad» para actualizar todo el proyecto que permitirá «hablar de un hospital no ya del 2025, sino del 2050». Ese planteamiento contará con la «tecnología más puntera, la inteligencia artificial y lo que hemos aprendido durante la crisis sanitaria de la covid-19, de que tiene que haber espacios polivalentes, que puedan cambiar de funcionalidad según situaciones críticas que podamos vivir».

Sobre la posibilidad de que la extinción unilateral del contrato de la obra de ampliación acabe en los tribunales y los efectos que podría tener en los planes de su departamento para finalizar el nuevo proyecto antes del final de la legislatura, Concepción Saavedra no se mostró preocupada. «Están en su derecho de iniciar las acciones legales que consideren, igual que nosotros, pero una obra que está al lado de un hospital de funcionamiento y que además es tan necesario para el interés general, según los servicios jurídicos, es poco probable que tenga una afectación, pero siempre respetaremos las decisiones judiciales, llegado el momento», señaló.