«La ciudad no podrá hacer nada con la cesión porque necesitaría permiso para todo»

El PSOE de Gijón llevará al próximo Pleno una iniciativa para pedir al gobierno local que redacte el plan especial de ordenación para Naval Azul y negocie sobre la parte que aún no es de propiedad municipal «porque no va a poder hacer nada sobre ella», en referencia a los 417 metros de franja litoral que la Autoridad Portuaria de Gijón se comprometió a ceder gratuitamente al Consistorio. Marina Pineda, concejala socialista y consejera del Puerto en representación del Principado de Asturias, fue tajante al afirmar que «la ciudad, si tiene esa cesión, no va a poder hacer nada con este terreno porque necesitará autorización del Puerto para todo».

En ese contexto, la edil exhortó a la alcaldesa a que «atienda las decenas de peticiones de reunión de la presidenta de la Autoridad Portuaria para sentarse a hablar del futuro de ese espacio y cómo se resuelve urbanísticamente». «Lo único que vemos es a una alcaldesa que dice que va a ir a los tribunales porque no hay nada que negociar, una alcaldesa que no está trabajando por los intereses de la ciudad», argumentó Pineda, quien situó a la regidora como «única responsable» de esta situación. Este periódico requirió ayer al Puerto el número de solicitudes de reunión cursadas al Ayuntamiento sin obtener respuesta.

La concejala socialista apeló a la voluntad del Puerto de acometer una reforma integral de toda la franja costera y asumir su financiación y mantenimiento para criticar duramente que Carmen Moriyón se empeñe en «malgastar el dinero de la ciudad».

«Es un debate absurdo, tanto más absurdo si tenemos en cuenta que ceder ese espacio al Ayuntamiento implicaría que el Puerto tendría que autorizar cualquier obra que se acometa, hasta el mobiliario que se instale y, además, al tratarse de cesión gratuita no puede darse ningún uso lucrativo en ese espacio, es decir, que el Puerto no solo perdería el control de acceso a la lámina de agua, sino que el Ayuntamiento no podría ni autorizar una terraza de hostelería ni un puesto de helados o una instalación para las escuelas de vela o del Grupo Covadonga para dar cursillos por los que cobran», explicó Marina Pineda.

Reacia a dar explicaciones sobre lo acontecido en los consejos portuarios, «por estar sujetos a confidencialidad», Pineda sí deslizó que todo el proceso que ha llevado a la situación actual fue una tramitación en la que el anterior presidente portuario, Laureano Lourido, no dio demasiada información a los consejeros.

«El consejo pregunta, pero si el presidente y la alcaldesa dicen que están de acuerdo, que está todo muy bien y que está muy bien hecho, pues es lo que hay», comentó. «Lo único que autorizó el consejo fue a iniciar un expediente y no hemos visto más. En el consejo se preguntó alguna vez y lo que dijo Lourido fue 'déjennos, que estamos hablando y no pregunten, ya se lo contaremos cuando se lo tengamos que contar'. Y ya dije más de lo que debía», zanjó la edil socialista.

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