Vipasa deja en manos de los vecinos resolver los problemas del piso de los hermanos de La Calzada

Es la misma respuesta que recibió por correo postal Jordán Santana, el arrendatario, un mes y una semana después de la primera comunicación con Vipasa. «Le indicamos que hemos procedido a dar traslado a la comunidad de vecinos», refieren en la escueta carta. Y nada más. «Necesitamos una solución a corto plazo, porque no podemos seguir así. Cualquier día habrá una desgracia», lamenta Santana, quien advierte de que su hermano de 14 años tuvo con anterioridad problemas respiratorios.

Ante el traslado de responsabilidad de la Empresa Pública de Vivienda del Principado (Vipasa) a la comunidad de vecinos, cabe recordar que el artículo 21 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos dice: «El arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación sea imputable al arrendatario».

En el escrito remitido a este periódico, Fermín Bravo, director general de Vivienda, asegura que «el Principado abonará sin problema ninguno la derrama que le corresponde». A su vez, en el mismo texto, se reconocen fallos anteriores a las goteras: «Esta vivienda tiene problemas de condensación cuyo origen no son las filtraciones del tejado».

Mientras el Ayuntamiento de Gijón no se pronuncia al respecto. Izquierda Unida de Asturias ha reaccionado con «gran indignación» a la noticia. Ovidio Zapico, coordinador regional del partido y diputado autonómico, lamenta que el Principado no dé una respuesta «ni política ni humana».

«No se puede contestar mediante una carta a estos chavales. Ser el propietario mayoritario del edificio y no preocuparse por el problema no es de recibo. La administración pública está obligada a liderar las obras de habitabilidad del piso», asevera Zapico. La formación anuncia que llevará el caso a la Junta General del Principado. «Los políticos debemos ser la esperanza de todos los ciudadanos, pero especialmente de las familias más vulnerables», incide.

Jordán Santana tiene 26 años y desde hace dos es el tutor legal de sus hermanos, de 14 y 18 años. Perciben una ayuda social de 600 euros, de los que 100 son destinados para pagar a Vipasa. Estudia bachiller en horario nocturno, su hermana de 18 años hace lo propio en un curso de Formación Profesional y el menor va al instituto.

Su madre, con graves problemas legales y de adicciones, se fue de casa no sin antes dejarles una importante deuda con Vipasa. «Ni sabemos ni queremos saber nada de ella. Se fue después de cobrar el salario social; nos dejó sin dinero», asegura Jordán.