La cifra mete miedo: en mayo pasado, 6.496 personas del Área Sanitaria V (Gijón, Villaviciosa y Carreño) estaban en lista de espera para ser ... intervenidas quirúrgicamente. Esa cantidad de pacientes supera en 382 a la de principios de este año y nada menos que en 1.437 a la registrada en mayo de 2019, antes de la pandemia de covid-19. Entre los integrantes de la lista, émulos forzosos de Job, figuran los 431 benditos -o benditas- que llevan más de seis meses de antigüedad en la relación de esperadores. Gijón, Villaviciosa y Carreño suman 294.053 habitantes, de modo que podría decirse que un 2,20912 % del total de esa población, incluidos niños y niñas de pecho y militares sin graduación, forman parte de la multitud que espera la llamada para pasar por el quirófano. En EL COMERCIO se entraba ayer en detalle sobre estos datos, y otros, como las demoras en consultas externas y pruebas diagnósticas que, agregadas, dan como resultado un cuadro de dimensiones incompatibles con la prestación de un servicio público esencial, la sanidad, en condiciones aceptables. Publicar estos datos es un saludable ejercicio de transparencia informativa, que debería extenderse a todos los sectores de la Administración.
Pero reconocer las carencias y los retrasos no basta. Porque transcurren los años y no se aprecian mejoras. Al contrario, aumentan las demoras hasta alcanzar niveles insoportables. Ello, unido al desmantelamiento de hecho de la asistencia primaria, va a hacer muy difícil sostener que el conjunto de la sanidad pública es puntera en Asturias, que en la comparación con otras regiones siempre sale bien parada, que no se está, en fin, ante un inteligente ejercicio propagandístico de enmascaramiento de la realidad. Por eso, parece llegado el momento de acabar con la lacra vergonzosa de las listas de espera insufribles. Urge fijar plazos para que desaparezcan. Solo un consejero del ramo y, sobre todo, un presidente del Principado que se comprometan a hacerlo, con la solemnidad que merece el paso a dar, ganarán la confianza del pueblo soberano.
Se sabe que los recursos del erario son limitados. Esto obliga a asignarlos con exquisita diligencia y a un análisis riguroso de la eficacia de su aplicación. Vienen tiempos duros. Pero el precio que haya que pagar no puede traducirse en un mayor deterioro de la sanidad (ni de la educación).
Pero, ¿será por perres...? En Divertia, en cambio, no parecen tener problemas de caja, porque amenazan con organizar «un gran concierto» el año que viene. No deja de ser sorprendente y llamativa la liberalidad con que se refieren a dineros que no son suyos desde la gerencia del tinglado de los festejos que opera en Gijón. En román paladino, puede significar que el Ayuntamiento gijonés tenga que poner un millón de euros, como mínimo, para que haya ese gran concierto. ¿Está el Ayuntamiento en condiciones económicas de afrontar ese dispendio, que lo es? Vamos a dejarlo en veremos. Lo que está claro, sin embargo, es que no hay razón alguna para que el Ayuntamiento de Gijón asuma el papel de empresario, y financie o, como mínimo, subvencione un espectáculo con precios inasequibles para la inmensa mayoría de la población que representa. Pues bien, un millón de euros es solo la tercera parte de tres millones, exactamente el canon que pagaría el mismo Ayuntamiento para que se asigne a Gijón durante tres años el torneo de tenis ATP 250, que hasta ahora tenía lugar en Moscú.
A los interesados, desde fuera del Ayuntamiento, en promover estos espectáculos se les llena la boca de retornos, publicidad y promoción turística y otras ocurrencias. Naturalmente, ellos no ponen un euro en la empresa (habría que ver, en cambio, si ponen la mano). Un millón, más tres millones, cuatro millones. ¿Será por perres?
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