Una amenaza grave
La financiación singular de Cataluña es un privilegio a costa del bienestar del resto de comunidades autónomas
Mañana se reunirá en Barcelona la comisión bilateral Generalitat-Estado para formalizar el acuerdo sobre la financiación singular de Cataluña. El nuevo modelo supone que ... la Generalitat recaude, gestione e inspeccione todos los tributos de la comunidad autónoma. El 100% de la recaudación de los grandes impuestos estatales –IRPF, IVA, Sociedades, Impuestos Especiales (hidrocarburos, tabaco, alcohol, electricidad)– pasará a engrosar las arcas de la Generalitat, mientras que Asturias, y el resto de comunidades del régimen común, sólo gestionan el 50% de IRPF y del IVA, el 58% de Impuestos Especiales y cero euros del Impuesto de Sociedades. La aprobación de la financiación singular conllevará un tratamiento desigual entre Cataluña y el resto de territorios que pone en tela de juicio la supervivencia del sistema de financiación autonómica. Si nos fijamos en los dos principales tributos vemos que la recaudación catalana del IRPF es el 19,3% de todo lo recaudado por ese impuesto en España; por IVA se recauda en Cataluña 22,1% del total del impuesto. Si esas cantidades se extraen de la masa de recursos que conforman el sistema de financiación autonómica nos encontraremos con que no será posible aplicar políticas sociales homogéneas en todo el país. Hace un año que se llegó entre el PSC y ERC al acuerdo sobre el sistema de financiación singular, llave para la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat. En ese tiempo no hubo ningún experto, ajeno al nacionalismo catalán, que considerara compatible la soberanía fiscal catalana con el mantenimiento del sistema de régimen común.
La financiación singular es una copia del sistema de financiación foral que rige en el País Vasco y Navarra, amparados por la disposición adicional primera de la Constitución. Es igual de criticable su asimetría con el modelo de régimen común, pero hay una diferencia apreciable por la masa de recursos que implica. El IRPF que se recauda en Cataluña es casi 16 veces mayor que el del País Vasco y 156 veces más grande que el de Navarra. La falta de aportación de estas dos regiones a los fondos de solidaridad del sistema de financiación (Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, Fondo de Suficiencia Global) no impide la sostenibilidad del modelo, pero la soberanía catalana quebrará la cohesión interterritorial.
El nuevo modelo contempla que la Generalitat haga una aportación al Estado por los servicios que le presta. En las negociaciones se ha obviado esta cuestión; sin embargo, se ha llegado al detalle en la implantación del modelo, fijando la gestión del IRPF y el IVA de las Pymes como objetivos para 2026. Tras las polémicas negociaciones del Gobierno para concretar el cupo vasco, cuya cuantía ha sido impugnada por todos los especialistas, la aportación catalana al Estado empieza de la peor manera posible, aplazándola o ignorándola. El acuerdo de la financiación singular, que será visado mañana por la comisión bilateral, dará paso a una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para modificar en profundidad la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
Las instituciones autonómicas asturianas no pueden quedar pasivas viendo cómo avanza un proyecto que ataca directamente a los intereses regionales y, lo que es peor aún, enmienda los fundamentos del Estado Autonómico, al diluir la cohesión territorial, cimentar las diferencias entre regiones y elevar los privilegios a categoría de ley orgánica. Apostar por la soberanía fiscal catalana es un error muy grave que ningún Gobierno había osado cometer. El Gobierno de Adrián Barbón debe reactivar las alianzas que llevaron a la Declaración de Santiago. No caben los tacticismos. La oposición debe estar a la altura de los acontecimientos. Es necesaria la unidad política y social frente al intento de crear un país asimétrico, de ricos y pobres, que a base de fomentar los egoísmos territoriales debilita al Estado y abandona el emblema de la España democrática: la solidaridad.
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