Regular los móviles en la educación

El proyecto de Pilar Alegría es sensato y necesario porque estamos ante un problema real; el tratamiento no es tan simple como pudiera parecer, al estar insertado en una problemática general que es el manejo de los teléfonos inteligentes por el conjunto de la sociedad. En el caso de la población escolar, existen dificultades para aplicar una medida coercitiva, como es la restricción del uso de los teléfonos, ya que el ambiente social es más permisivo que antaño, de ahí la conveniencia de que la norma se generalice en todos los centros de enseñanza de España de una manera simultánea y uniforme. El alumnado de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional está acostumbrado a tener un contacto continuo con las pantallas. El móvil es para ellos la principal herramienta de sociabilidad, en muchos casos por encima de la relación presencial, y un elemento de ayuda para variadas situaciones, de ahí que les resulte imprescindible y acudan a él, con frecuencia, de forma compulsiva. En muchos casos, los entornos familiares y de amistades no sirven de ayuda porque incurren en las mismas prácticas alienantes. Es función de los centros educativos enseñar a los alumnos un uso responsable y adecuado de todos los mecanismos digitales.

El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA) indagó sobre la relación de los estudiantes con el móvil. De los 30.800 alumnos españoles chequeados, el 33% reconoce que se distrae en las clases de Matemáticas (la competencia principal que se valoraba en el último informe) usando dispositivos digitales, tres puntos por encima de la media de los 79 países analizados. No obstante, el informe dice que los alumnos españoles que utilizan los dispositivos digitales en la escuela, una hora al día, con fines formativos, obtienen 20 puntos más en la evaluación. Dentro de los 38 países de la OCDE, hay 25 donde sacan mejor nota los centros que trabajan con móviles; en los 13 países restantes, entre ellos España, obtienen mejores calificaciones los colegios o institutos donde están excluidos. La OCDE no recomienda la prohibición generalizada sino que invita a fomentar el uso adecuado y moderado de los móviles con fines educativos.

Expertos de la educación asturiana consideran que los menores de doce años (alumnos de Primaria) no deben llevar el móvil al colegio, a no ser que resulte imprescindible para que los padres los puedan localizar. Consideran que los progenitores deben activar el control parental sobre los móviles, al igual que se esfuerzan por saber qué sitios o ambientes frecuentan cuando están fuera del hogar. En Secundaria vinculan la utilización de los dispositivos al trabajo en proyectos educativos. Están más a favor de regular que de prohibir, dado que la imposición puede tener consecuencias negativas, como un mayor estrés o no silenciar las notificaciones en las redes sociales o las apps cuando van a dormir. Les preocupan, sobre todo, el acceso a las redes sociales y consideran necesario tocar aspectos éticos para frenar el ciberbulling y las grabaciones degradantes. Conectando reflexiones y experiencias se debe aprobar una normativa que evite daños y potencie la eficacia pedagógica de los dispositivos móviles.