Enseñanzas del Estatuto

El 32 Congreso de la Federación Socialista Asturiana (FSA) aprobó la oficialidad de las lenguas vernáculas levantando una gran expectativa que el resultado de las últimas elecciones autonómicas ayudó a alimentar al crear una mayoría de izquierdas favorable a la oficialidad de la llingua, que sólo necesitaba captar para la causa a un diputado para reformar el Estatuto. La actitud de Foro, proclive a aprobar la oficialidad para preservar nuestro patrimonio lingüístico, hacía pensar que la reivindicación histórica de los grupos asturianistas se iba a ver satisfecha. Cuando empezó la negociación, por razones de equilibrio interno en su partido, el portavoz de Foro pidió la aprobación de una serie de medidas relacionadas con impuestos, infraestructuras y demografía para acceder a reformar el Estatuto. Las propuestas fiscales, las primeras en desgranarse en la mesa de negociación, hicieron que el diálogo quedara bloqueado. Uno tras otro los cuatro partidos acabaron por admitir que la reforma del Estatuto de Autonomía quedaba aplazada en espera de otro contexto más favorable. Es más que probable que sin la actitud ambigua de Foro la reforma del Estatuto no se habría planteado, ya que la única condición insoslayable para aprobarla es contar con veintisiete diputados. Tampoco se puede cargar toda la culpa sobre un partido que solo tiene un diputado en la Cámara. Los otros cuarenta y cuatro podían haber hecho algo más por el acuerdo.

El presidente Adrián Barbón calificó de «fracaso colectivo» no haber logrado reformar el Estatuto en esta legislatura. Sin discrepar de esa valoración se puede afirmar que es un mal menor incumplir un calendario legislativo si se abren posibilidades de abordar el objetivo en mejores condiciones en próximas legislaturas. Hubiera sido un tanto chocante y singular aprobar la reforma de nuestra norma máxima sobre la base de introducir las reformas fiscales que contiene el programa de un grupo parlamentario unipersonal. Lo mismo cabe decir de aprobar inversiones en infraestructuras o de dar el visto bueno a un potente plan de incentivos para estimular la demografía, cuantificado en el 5% del presupuesto, para poder oficializar las lenguas propias. Es incongruente establecer una relación de causa a efecto entre cuestiones de naturaleza tan distinta.

La experiencia del intento fallido permite sacar varias conclusiones. La reforma estatutaria se debe abordar en un clima de sosiego y diálogo, sin dar por descontado que se incluirá en el texto tal o cual medida, pero también sin excluir ninguna aportación que sea respetuosa con la legalidad. Revisar una norma a los cuarenta años de su aprobación no puede extrañar a nadie, pero exige una mentalidad amplia, abierta a introducir diferentes modificaciones, sin caer en enfoques reduccionistas. El único objetivo que debe ser irrenunciable es alcanzar el grado más alto de consenso, algo que conlleva, forzosamente, cesiones y renuncias. Hay que aspirar a lograr que al final de la negociación sigan sentados a la mesa todos los grupos que la iniciaron. El consenso no es un prurito de perfección, sino la única garantía de que será aceptada la reforma por la sociedad. No cabe hacer una revisión a instancia de parte, porque solo servirá para ser revocada por otra mayoría alternativa. El fracaso colectivo hay que darlo por bien empleado si se sacan enseñanzas constructivas. El Estatuto de Autonomía debe mantener siempre el carácter integrador, sin ser sometido al fuego cruzado de los partidos y los distintos sectores sociales.