Tomar medidas

Digo que lo de tomar medidas no obedece siempre al mismo patrón. Sastres y modistas lo hacen previamente a todo corte en el género. Prendas de vestir a medida requieren, justamente, que antes de enhebrar el hilo y tirar de tijera, el profesional haya comprobado la talla exacta para la que va a operar. De no hacerlo así, previamente a la labor, el resultado puede ser desastroso en más o en menos y para eso está la ropa de confección en tiendas y almacenes. Inversamente, en la política, incluyendo las alteraciones severas del Código Penal, se toman medidas después de manifestarse actos graves para la convivencia. Cambios que, como los que proyecta el Gobierno, tendrán carácter preventivo o disuasorio ante las golferías futuras, pero que, realmente, son un reconocimiento de que el sistema ha fallado. En el presente caso que nos asola, con muchas fugas de agua. Cuando se insta a tomar medidas tras la alarma social de una acción deplorable, siempre sale a colación la poca conveniencia de hacerlo en caliente, pero lo cierto es que, si las cosas se dejan enfriar, todo puede quedar como estaba. Y ello suele ocurrir cuando, desde alguna posición política o social, se esgrimen castigos gravísimos o difícilmente encajables en la Constitución. No es fácil la templanza, la serenidad, ante crímenes execrables o que escandalizan a la ciudadanía por tratarse de personas con altas responsabilidades.

Además, y sé que me repito, el delincuente es más avispado que legisladores y jueces y no tarda en encontrar la rendija por la que penetrar con sus malas artes. Y vuelta a empezar. Los frecuentes cambios en la legislación criminal –o en la de contratos públicos– evidencian lo dicho. Por lo que, en algunos casos, no es un tema de dotarnos de más leyes y reglamentos. Hay demasiados y mucha tinta de calamar en sus articulados. Creo que, como no es tan difícil averiguar quién está robando en una organización, la principal medida es, como los sastres, la preventiva con sus consecuencias en caso de detección de irregularidades. En los partidos políticos no debería ser tan complicado controlar, ante la menor alarma, a los colaboradores más próximos y más si tienen a su cargo adjudicaciones de obras o de subvenciones o, evidentemente, la caja.

Crear un organismo independiente y externo a los partidos parece cosa lógica y saludable, aunque ya haya organismos para ello. Me preocupa más la confianza en lo de 'independientes' porque ya sabemos que los jueces y tribunales lo son y vemos decisiones que, en función de quien las tome, se intuye en qué sentido van a ir. Nada digamos de los bloques en el Tribunal Constitucional desde hace ya bastantes años.

Sí veo acertado el aumentar o duplicar los plazos de prescripción. Hay situaciones escandalosas de quienes el tiempo ha librado de la cárcel o de la multa e incluso se jactan de ello mientras disfrutan de lo robado. Poner el botín a salvo es lo primero en lo que piensan los corruptos, aun en la hipótesis de que los pillen y condenen. Pero el dinero de robos y mordidas nunca vuelve a su origen. Por eso ahora quieren buscarse formas para que, con diversas cooperaciones, lo sustraído se recupere, lo que también es complicado ya que, como es lógico, no cabe torturar al delincuente que, en esta cuestión, no suele confiar en sus cómplices.

En cuanto al uso de la Inteligencia Artificial para detectar estas praxis deshonestas parece algo lógico en el mundo en el que nos movemos y leo que ya se viene empleando también esta vía para localizar transacciones o adjudicaciones –también contrataciones de personal– que hagan saltar la alarma con respecto a lo ortodoxo y habitual. Aunque, también me advierten, que la IA puede ser contraprogramada con otros modelos inversos para desactivar o advertir las alertas. Habrá que ver en qué para todo, comenzando por la voluntad de resistencia del Gobierno de la Nación y de sus tan variados apoyos.