Promesas incumplidas (suma y sigue)

Lo que venimos reclamando desde CC OO, lo que Asturias necesita, es igualdad de trato. Ni más ni menos. Y sirve tanto para 'corregir' la penalización que sufrimos con el peaje del Huerna, como en todo el proceso de transición hacia una economía más sostenible ambientalmente, que nos prometieron que sería justa (y no lo está siendo) y que no dejaría a nadie atrás (y tampoco).

Pero empecemos por el Huerna. De acuerdo con la concesión inicial, el peaje debería haber llegado ya a su fin pero durará otros 29 años tras la ampliación que impuso el Gobierno de Aznar en 2000. Un peaje que, recordemos, Zapatero prometió suprimir durante la campaña electoral de 2003 pero seguimos pagando cada vez que salimos a la meseta. No sucede lo mismo en otras partes del país: el Gobierno acaba de liberar más de 500 kilómetros, dejando libre de peajes las autopistas entre Zaragoza y la costa Mediterránea o entre Francia y Tarragona. Ninguno en Asturias.

Las cifras confirman que la autopista del Huerna es la segunda más cara de la red estatal. Ahora el Gobierno asturiano exige una rebaja «sustancial», en sintonía con la aplicada en la AP-9 en Galicia. Lo cierto es que aquí seguimos en nuestro particular día de la marmota mientras en otros lugares tienen menos dificultades para pasar de las palabras a los hechos.

Hablando de infraestructuras no podemos obviar la situación del Suroccidente asturiano, que parece condenado a protagonizar un particular viaje al pasado. En vez de progresar, retrocede. Lo sucedido estos últimos meses aumenta la percepción de abandono y obliga a las administraciones a rectificar: deben responder con humildad, transparencia y, sobre todo, con hechos. No hay apuesta por el medio rural que resulte creíble con semejante hoja de servicios.

En el campeonato de promesas incumplidas (en el que también habría que incluir la situación de la red ferroviaria de cercanías o la variante de Pajares, que el ministro Íñigo de la Serna aseguró que entraría en servicio en 2021), la transición energética merece un punto y aparte.

Asturias estuvo esperando más de dos años por un estatuto para la industria electrointensiva y cuando llegó (tarde y mal) resultó un fracaso, porque fue incapaz de hacer más competitiva nuestra industria fijando unos precios de la luz estables y predecibles. Un fiasco mayúsculo que, lejos de aliviar al sector, se ha convertido en una losa que lo ahoga.

También nos prometieron que la transición energética sería justa y que no dejaría a nadie atrás, pero lo cierto es que está pasando como una apisonadora por encima de la región: hubo prisa para cerrar minas y térmicas, pero no la hay para poner en marcha los proyectos alternativos, capaces de generar empleo y actividad económica, que siguen en paradero desconocido. El balance de Teresa Ribera en Asturias se resume en pocas palabras: Asturias se queda con los cierres y sin el empleo.

La escalada de precios de la luz constata también la incapacidad del ministerio de Transición Ecológica para poner orden en el mercado eléctrico y preservar el interés general. El resultado es que millones de familias pagamos la luz a precio de oro y el suministro eléctrico se ha convertido en el talón de Aquiles de nuestra industria.

Un Gobierno no puede encogerse de hombros ante un sistema de precios que es un atraco a mano armada. No votamos a un Gobierno para que se convierta en un monumento a la impotencia, sino para que defienda la democracia (también en la economía), imponga la justicia y combata la desigualdad. Las explicaciones que ha ofrecido hasta el momento la ministra son excusas de mal pagador: no sirve escudarse en que se trata de una regulación europea, cuando esa misma norma afecta también a Francia, por poner un ejemplo, país en el que las empresas industriales pagan la mitad que en España por la energía. El problema está en el sistema de fijación de precios del mercado eléctrico de nuestro país, que permite que las eléctricas nos cobren el pollo a precio de caviar. Un sistema de precios que no está escrito en piedra, que se puede (y debe) modificar. Aquí no opera la empatía, sino la usura. Y el Gobierno no puede mirar a otro lado, debe tomar decisiones.

El Gobierno de la nación tiene más asignaturas pendientes: la derogación de la reforma laboral y la subida del salario mínimo. Dos compromisos asumidos por Pedro Sánchez. No hay excusas para poner fin a los retrocesos que impuso el PP en nuestro mercado laboral, porque ha llegado el momento de recuperar derechos, combatir la temporalidad y la precariedad. Como tampoco las hay para proteger a las personas con salarios más bajos y mucho menos en un contexto marcado por la subida de precios, que pone contra las cuerdas a las familias con menos recursos y puede hacer estragos durante el próximo invierno.

Un Gobierno que no cumple con sus compromisos lo paga en las urnas. Un Gobierno que decepciona a sus bases tiene fecha de caducidad. A tiempo está de evitarlo.