Medidas para la crisis

En Asturias ha afectado especialmente la subida del precio del gas en el coste de la electricidad, una variable decisiva para la industria, particularmente para el sector de la industria electrointensiva, en el que están encuadradas las factorías más grandes de la región. El mercado mayorista de la electricidad se rige por el sistema marginalista en el que todos los 'input' se retribuyen por el precio del más caro que entra en la subasta, de forma que el alza del gas se traslada a las otras fuentes de energía (renovables, carbón, nuclear, etc). El gas tiene una cuota del 20% en nuestro 'mix energético', pero debido al sistema empleado se traslada el precio al resto de energías. El Gobierno de España ya pidió el pasado mes de octubre a la Comisión Europea que se desacople el coste del gas al precio de la electricidad. Fue rechazada la petición. En la actual crisis, con el precio del megavatio-hora por encima de los 500 euros en Alemania, Francia, Italia o España, la aceptación de la demanda es de extrema necesidad para las industrias. Los propios operadores eléctricos se han posicionado por la intervención de la Administración en el mercado, que podría llegar a suponer un ahorro de 400.000 millones de euros en Europa. Las grandes fábricas ya han empezado a protegerse parando o reduciendo la producción. Es el caso de Arcelor. La acería de Gijón y el alambrón se detendrán durante cinco días, mientras que el tren de carril lo hará en once jornadas. Estos paros repercutirán en la cabecera siderúrgica. Asturiana de Zinc, con la factura energética representando el 75% del coste global del producto, reconoce que produce a pérdidas. Cementos Tudela de Veguín, perteneciente al Grupo Masaveu, prevé una parada de sus hornos en la planta de Aboño entre siete y diez días, dado que los costes eléctrico y de combustible representan el 80% de sus costes variables. La misma problemática afecta a otras industrias como Du Pont o Fertiberia. Para hacer frente a una situación tan dramática también tiene que tomar medidas el Gobierno de España como elevar la compensación por emisiones de dióxido de carbono al máximo autorizado por la UE, fijar un mecanismo que sustituya a las subastas de interrumpibilidad o elaborar un estatuto para las industrias altamente electrointensivas, como ha aprobado el Congreso de Diputados. Todo esto no es nuevo, pero nada se hizo.

Hay otros sectores que están igual de dañados por el alza del precio de la energía que la gran industria, con la particularidad de que al tratarse de unidades de producción de un tamaño mucho menor tienen menos capacidad de maniobra. Un ejemplo claro es el campo. La subida de los precios del petróleo, electricidad, fertilizantes o piensos no puede trasladarse al precio de la leche. Los sindicatos agrarios solicitan un fondo de rescate que incluiría bonificaciones fiscales y exenciones de cuotas a la Seguridad Social. En esa situación también se encuentra el transporte de mercancías, la construcción o el taxi. Para todo tipo de consumidores de energía eléctrica el Gobierno debería rebajar la fiscalidad (tasa nuclear, tasa eléctrica) que representa el 50% del precio. Y quitar peajes y trasladarlos al presupuesto, como las subvenciones a las renovables. El Gobierno sabe que la inflación perjudica al ciudadano, pero aumenta la recaudación de Hacienda. Buena ocasión para compartir las cargas.