Progresistas y conservadores en el siglo XXI

Una manera de empezar, nada desdeñable, es abordar la cuestión económica. Cabe decir que el conservador tiene claro que sin riqueza un país no tiene nada que hacer, y que esta no cae del cielo, siendo además un hecho que la libertad de empresa resulta fundamental para crearla. El progresista, en cambio, lo que tiene claro es que la distribución de la riqueza de una sociedad ha de ser equitativa, tendiendo a desconsiderar las condiciones necesarias para que se cree riqueza, desatención que genera inquietud en el conservador.

En realidad, hay una diferencia mucho más profunda entre ambos términos, que representa, en mi opinión, el quid de la cuestión. La verdadera diferencia reside en que la mente progresista entiende que la justicia o la injusticia resultan estructurales; es decir, considera que es la estructura social la que es justa o injusta. El progresista considera 1) que es un deber moral de la sociedad alcanzar por parte de los ciudadanos una cierta igualdad o equidad en el acceso a los bienes necesarios, 2) que las desigualdades son resultado de estructuras sociales injustas, y 3) que la misión de la política reside, fundamentalmente y sobre todo, en la transformación de tales estructuras.

La mente conservadora tiende a pensar, por el contrario: 1) que la equidad no representa una obligación moral para la sociedad. La sociedad, por tanto, solo está obligada a paliar las situaciones más lacerantes de pobreza, y no a lograr cierta equidad entre los ciudadanos; 2) que las desigualdades son fruto del libre juego de las fuerzas sociales y económicas, de forma que el precio de la libertad es la desigualdad; y 3) que la política, en consecuencia, se extralimita y atenta contra la libertad de los ciudadanos cuando pretende cambiar mediante leyes y merced a la coerción del Estado las estructuras sociales.

A propósito de la igualdad y la libertad puede añadirse algo más. Conservadores y progresistas coinciden en valorarlas. Pero, mientras que para los conservadores la única igualdad que cuenta es la igualdad ante la ley, ya que, a su juicio, dicha igualdad es la única forma de respetar la libertad individual, los progresistas abogan por una igualdad de resultados. Es decir, al progresista no le basta, pongamos por caso, el reconocimiento legal del derecho a la educación para todos, sino que aspira a que, efectivamente, todos los jóvenes puedan acceder a una educación de calidad. Y entienden, además, que quien no disfruta de ciertos bienes, en realidad no es verdaderamente libre.

¿Pros y contras de estos planteamientos? Atengámonos al hacer tal juicio a los respectivos peligros en el diseño de sus políticas. Desde mi punto de vista, el planteamiento conservador comete un error garrafal al no considerar la justicia social como una obligación moral de la sociedad. Con ello facilita el crecimiento de las desigualdades (algo que, aunque solo fuera por puro interés de todos, la sociedad debe evitar) y yerra al no otorgar carácter estructural a muchas injusticias.

El peligro del otro planteamiento, por su parte, procede de la permanente confrontación social que acaban suponiendo muchas políticas progresistas, al cuestionar y querer transformar toda la estructura social, incluyendo en los casos más extremos la mismísima democracia liberal. En el empeño por hacer justicia, hemos asistido en las últimas décadas a una significativa novedad: ya no se consideran discriminados tan solo los individuos que sufren alguna precariedad en forma de bajos salarios y rentas, o de acceso a una educación o sanidad de baja calidad, etc; los nuevos sujetos discriminados son ahora colectivos a los que se pertenece, no necesariamente vinculados a la pobreza económica: mujeres, homosexuales, transexuales, personas con discapacidad, indígenas, afroamericanos, asiáticos, etcétera.

La distribución de la renta o de la riqueza ha dejado de monopolizar el proyecto de una sociedad más justa. No se trata tanto ya de hacer justicia a los individuos como a los colectivos. Este ensanchamiento de las demandas de justicia representa un auténtico cambio de paradigma político y social. La actual conflictividad y crispación puede entenderse en gran medida en clave del duelo que mantienen progresistas y conservadores ante una transformación social y cultural sin precedentes en el último siglo, y que representa, en realidad, un cambio en toda regla de lo que entendemos por sentido común, es decir, del conjunto de juicios y valoraciones mediante los que tanto la sociedad como los individuos encuentran orientación y sentido.