Responsabilidad
Los acuerdos frente a los grandes desafíos que afronta la economía en el contexto actual resultan esenciales para el futuro
Las centrales sindicales mayoritarias, CC OO y UGT, han convocado la manifestación del Primero de Mayo en Avilés bajo el lema, 'La solución: subir salarios, ... contener precios, más igualdad'. De su lectura se colige que los sindicatos están especialmente preocupados por la inflación, un fenómeno que golpeó la economía española durante las crisis del petróleo del siglo XX, empobreciendo la sociedad, provocando el cierre de empresas y con grandes repercusiones sobre el empleo. El incremento de los precios está causado por el estrangulamiento del mercado de las materias primas y, sobre todo, por las alzas de los 'input' energéticos, todo ello agravado con la guerra de Ucrania. Hay que entender que la consecuencia principal del fenómeno es una transferencia de renta de los españoles a los países exportadores de gas y petróleo. No es un problema entre empresas y sindicatos. Si el ajuste se hace en el interior de las empresas, iniciando un rally de precios-salarios, el resultado será una tasa de inflación mucho mayor al sumar al shock de oferta energética la inflación de costes. Por eso, de unos sindicatos maduros, que ya conocen este escenario, se espera que establezcan como prioridad un pacto de rentas, similar al que permitió embridar la inflación con la firma de los Pactos de la Moncloa al inicio de la democracia. Claro que hay que ponderar el crecimiento de los precios, pero tómese como referencia la inflación subyacente (no computa el precio de la energía ni de los alimentos frescos) para no tener en cuenta las distorsiones causadas por la inflación venida del exterior que todos padecemos sin causarla. La moderación de los incrementos salariales debe tener como contrapartida una rebaja en los márgenes empresariales. No cabe contener los salarios dentro de una horquilla pactada mientras los directivos obtienen aumentos de doble dígito en las remuneraciones. Austeridad compartida, sin excepciones, como corresponde a un escenario de empobrecimiento nacional. Un pacto que proteja el empleo y ponga al abrigo la economía española.
Los dos centrales sindicales han llegado en los últimos años a realizar muchos acuerdos con la Administración y la patronal. Fueron protagonistas activos consensuando medidas urgentes para proteger la actividad económica, directamente afectada por la pandemia, al implantar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que salvaron 60.000 puestos de trabajo en Asturias y se han prorrogado en seis ocasiones. También consensuaron la ley de riders (repartidores a domicilio convertidos en trabajadores por cuenta ajena). El mismo papel jugaron en la ley del teletrabajo. Igualmente negociaron dos acuerdos para elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En total, participaron en no menos de una docena de pactos. Se ha creado una dinámica compartida de acuerdos con Gobierno y patronal que debe llevar a una estrategia común frente a la inflación.
La actuación positiva de los sindicatos se pudo comprobar hasta en asuntos que no terminaron bien, como el expediente de Alu Ibérica, que puso punto final, desgraciadamente, a la producción de aluminio primario en Asturias. La determinación de Alcoa por impedir la continuación de la planta no fue contrarrestada por el Ministerio de Industria que jugó un papel pasivo en todo el proceso. La actuación de los sindicatos sirvió para que la indemnización de los trabajadores por el despido estuviera muy por encima de la exigencia legal. En Asturias hay una larga experiencia sindical en compatibilizar las demandas en defensa de los intereses de los trabajadores con el mantenimiento de las empresas y los intereses generales de Asturias. A veces no es fácil integrar en la estrategia sindical objetivos diferentes, pero en caso de duda es preciso anteponer el interés general al sectorial. La industria regional, con Arcelor a la cabeza, se juega su futuro en la operación de descarbonización. Obstaculizarla o bloquearla sería malo para los trabajadores, las empresas y Asturias.
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