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Más de una vez he oído decir que «en la política y en el amor, no hay tratados de paz, sino que solo hay 'treguas'». ... Tal manera de ver las cosas puede relacionarse sin especial dificultad con la política seguida por los gobiernos de España, sea la que fuere su ideología, con la manera de afrontar el independentismo y el deseo de emancipación de los catalanes, en su anhelo por llegar a ser un Estado.
Las 'treguas' se producen de manera repetitiva y se hallan unidas a las negociaciones que se apresuran a organizar los políticos de turno, para tratar de intentar evitar que se produzca un troceamiento del territorio. Los métodos habituales que se siguen ante tal situación, suelen ser, fundamentalmente tres:
El primero trata de justificar la necesidad de negociar, con el apoyo en lo que se ha dado en llamar 'singularidad' de Cataluña, y que se nos presenta a los ciudadanos como algo necesario para reducir las inquietudes de los españoles en torno a esta cuestión y que dan lugar a que se considere necesario conceder al país catalán prebendas, beneficios y privilegios de todo tipo que, a veces, suponen el traspaso de funciones del Estado a la región catalana, al menos en parte. Lógicamente produce el descontento de algunas del resto de comunidades autónomas al verse tratadas de manera desigual en materia económica, social y cultural, pues no comprenden que, teniendo ellas también 'singularidades', no sean tenidas en cuenta como se hace con los catalanes. Cierto es que aquellos disponen de caracteres propios e incluso dignos de alabanza, como ya hace muchos años nos dijo en unos breves versos Francisco Gregorio de Salas: «El catalán oficioso / cerrajero, navegante / mercader y fabricante / jamás vive en reposo, en un país escabroso / a costa de mil afanes / marca tierra y hace planes». Pero, pese a todo, los políticos suelen aprovechar las 'treguas' para calmar sus pretensiones, olvidando que «el fuego (como lo es el independentismo) nunca dice basta».
El segundo método aplicado para dar satisfacción a las ansias de independentismo de los catalanes cuando intentaron dar un golpe de Estado, que dio pie a los tribunales para condenar con penas de cárcel a sus autores sin mostrar el más mínimo arrepentimiento, fue concederles una amnistía negociada de manera generosa y repleta de amor al prójimo, sin conocer nuestro Gobierno la forma de actuar de los políticos catalanes, que tienen una conducta que sigue con fe ciega el dicho castellano: «Poco a poco, hila la vieja el copo», sin perder nunca la esperanza de poder separarse de España.
Pero aún queda otra manera política de actuar en estos casos. Nos referimos a que los gobernantes, para tranquilizar a los catalanes, intenten tratar de 'flexibilizar' nuestra Constitución de 1978, como si de un junco se tratase, pese a la dureza berroqueña de algunos de los siguientes artículos: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles (art. 2)». Y no menos se pretende ser flexible cuando del art. 3.1 se trata: «El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y derecho a usarla». Vemos a diario que su cumplimiento deja mucho que desear. Sin olvidar tampoco, el art. 4,2: «Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera en edificios públicos y en sus actos públicos», precepto que se pasa por alto en ocasiones llamativa y ostentosamente.
Ante todo esto, no faltan ciudadanos fieles cumplidores, y respetuosos de nuestra Magna Carta que se hacen las siguientes preguntas: ¿Cuánto nos cuestan a los españoles estas treguas flexibles? Y ¿todos estos incumplimientos serán propios de un país cuya Constitución, en su art. 1, dice que «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho...?».
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