«60 millones, cero dimisiones», lema del manifiesto por Villa Magdalena

El Movimiento Vecinal Villa Magdalena exigió ayer al Partido Popular el cese del delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo, y el del portavoz municipal, Agustín Iglesias Caunedo, por su responsabilidad en la «nefasta gestión» de la expropiación del palacete, que «supone 60 millones de euros» para las arcas públicas, 30 de los cuales aún están pendientes de pago por parte del Consistorio. Quieren también que purguen sus presuntas culpas en los tribunales, según explicó ayer en una rueda de prensa celebrada en el propio palacete Daniel Latorre, portavoz del movimiento. Y si nadie los sienta en el banquillo, no descartan hacerlo ellos mismos.

«Solicitamos al Ayuntamiento de Oviedo que emprenda acciones legales para que quienes actuaron tan temerariamente respondan personalmente y con su patrimonio», reclamó ayer el colectivo en un acto en el que leyeron un manifiesto del movimiento. Además de la proclama, el colectivo ha elaborado un díptico informativo con el que van a recorrer todo el municipio, con Ciudad Naranco como primera parada: «Queremos explicar qué ha pasado en los últimos 20 años y qué significa en términos de servicios municipales los 30 millones que todavía hay que pagar».

En el futuro, el movimiento también baraja realizar campañas informativas similares con otros casos como el del Palacio de Congresos o el spa de Ciudad Naranco. «No debemos olvidar ni consentir que este tipo de gestión se pueda repetir nunca más», finaliza el manifiesto.

Bajo el título '20 años, 60 millones de euros, cero dimisiones', la proclama analiza cómo se ha llegado a la situación actual, desde «la expropiación inicial de Villa Magdalena por poco más de 3 millones de euros» hasta que «actos cuanto menos irresponsables» de los sucesivos equipos de gobierno de Gabino y Caunedo los convirtieron en la actual deuda aún sin pagar, que representa «cantidades intolerables que hipotecan el presente y los futuros presupuestos municipales».

Los vecinos recuerdan que tras el primer justiprecio de 1998, 11,8 millones de euros, «pudo haberse resuelto ese expolio». No fue así porque no se ejecutó el acuerdo de la junta de gobierno del Ayuntamiento en el que se ordenaba consignar la cantidad antes de recurrir. Ello permitió al expropiado solicitar una retasación en 2007 que acabó por llevar el valor a los 43 millones, más 18 de intereses. «Resulta difícil de creer que se pueda provocar un desfalco de tal magnitud por simple desidia o descuido», concluyen.