Caunedo propondrá estudiar los costes de la capitalidad

El líder de la oposición, Agustín Iglesias Caunedo, propondrá al Pleno que el Ayuntamiento encargue un estudio sobre los costes de la ciudad para ejercer como capital de Asturias, que serviría después de base para reclamar al Principado los derechos que se desprendan del estudio. La proposición del PP sugiere que los trabajos se encarguen a la Fundación Universidad de Oviedo, pero no hace de ello un requisito, tan solo recuerda que Santander encargó un estudio similar realizado por la Universidad de Cantabria.

Con la misma, los populares pretenden terciar en el debate sobre la capitalidad de Oviedo que abrió esta semana de nuevo el concejal de Economía, Rubén Rosón, reclamando al Principado una consideración especial para la ciudad en sus cuentas por ser la capital autonómica. También, aunque la proposición no lo menciona, pretende poner a prueba la resistencia del equipo de gobierno en un tema que divide a los tres grupos municipales -PSOE, Somos Oviedo e IU- que lo forman.

De hecho, los populares plantearon a finales del pasado mandato y desde la Alcaldía, que ocupaba el propio Agustín Iglesias Caunedo, una iniciativa similar, a la que el Principado hizo oídos sordos y atribuyó más a la cercanía de la campaña electoral que a un verdadero y interés por parte municipal. La propuesta de Caunedo pasaba por la aprobación de una Ley de Capitalidad que reconociera a Oviedo como tal, y garantizase un marco de financiación adecuado a sus necesidades y a los costes derivados de ello.

Ayer, de nuevo, Somos Oviedo se pronunció en defensa de un proyecto similar. Su líder Ana Taboada insistió en que una ley que reconozca la capitalidad de Oviedo «no es un capricho, porque es un factor importante para Oviedo que debe de ser atendido». Negó que se tratase de una postura o una demanda «victimista como hizo Gabino de Lorenzo» con el 'cerco a Oviedo'.

Taboada ligó el debate al del futuro de la Ley de Presupuestos regionales para 2018 y apeló «a la capacidad de negociación del gobierno» autonómico para no abocar a la región a «una prórroga presupuestaria» o a «un pacto antisocial como el que se hizo con el del PP» para salvar la aprobación del presupuesto en vigor, con rebajas en impuestos como el de Sucesiones.