El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo está «hipertranquilo» con el registro policial

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo está «hipertranquilo» con el registro policial

Según Roberto Sánchez Ramos, tanto él como el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, están facilitando toda la información requerida por los agentes

EUROPA PRESS

El concejal de Interior y contratación en funciones del Ayuntamiento de Oviedo, Roberto Sánchez Ramos, ha asegurado este martes que el Equipo de Gobierno está «tranquilo no, hipertranquilo» con el registro que se está desarrollando en las áreas de Contratación y Seguridad Ciudadana del consistorio en el marco de la operación policial que investiga contrataciones irregulares de aplicaciones de tráfico.

El edil, preguntado por este asunto en una rueda de prensa, ha asegurado que tanto él como el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, están facilitando toda la información requerida por los agentes, que llegaron al Ayuntamiento a las 9.05 horas de este martes.

Los tres policías que hasta este momento registraban dependencias municipales han abandonado el Ayuntamiento y se han dirigido a la sede de la Policía Local de Oviedo donde otros agentes buscan documentación del área de Seguridad Ciudadana.

Sánchez Ramos ha afirmado que desconoce las fechas a las que se refieren los documentos solicitados, y ha explicado que la actual adjudicataria del servicio de semáforos es Aluvisa, «ninguna de las que han salido hasta ahora» en la investigación.

La Policía Nacional ha lanzado este martes a primera hora una operación, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, con registros en varios ayuntamientos de toda la geografía española, entre los que se encuentra el de Oviedo, por la contratación presuntamente irregular de aplicaciones de tráfico.

Los hechos investigados podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal, según ha informado la Fiscalía Anticorrupción.

En el centro de la operación se encuentra la empresa Aplicaciones Gespol SL, una filial del grupo Sacyr con sede en Barcelona que fue constituida en octubre de 2016 y que está especializada en aplicaciones para controlar el tráfico rodado. Los investigadores creen que habría amañado concursos públicos con la connivencia de políticos locales del PSOE, PP y Ciudadanos.

En el operativo en el que participan 580 Policías, liderado por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) junto con la Fiscalía Anticorrupción, se prevé detenciones principalmente en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Asturias, Aragón, Andalucía y Castilla y León.

En concreto, el Juzgado de Instrucción número 2 de los de Badalona ha autorizado la práctica de entradas y registros en los Ayuntamientos de los siguientes municipios: Alcobendas, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lérida, Majadahonda, Mollet del Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Torrelodones y Villaquilambre.

Además, el Juzgado ha ordenado la práctica de requerimientos de documentación, que deberán ser cumplimentados en presencia de la Policía, en la Diputación de Alicante y en los siguientes municipios: Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O Grove, Sant Vicent del Raspeig y Vitoria.

En el dispositivo, coordinado por la Fiscalía Anticorrupción bajo la dirección de varios juzgados, la UDEF cuenta con apoyo de otras unidades de la de Policía Judicial y de jefaturas superiores.

Se prevé asimismo la práctica de detenciones que afectarán a diversas autoridades y funcionarios de los municipios referidos, así como su puesta a disposición judicial al objeto de decidir sobre su situación personal.