Rivera afronta su primer caso de corrupción con la detención del alcalde de Arroyomolinos

Ciudadanos engrosa desde ayer la larga lista de partidos golpeados por la corrupción. El alcalde de la localidad madrileña de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, fue detenido en el marco de la 'operación Enredadera' contra el amaño en la contratación de sistemas de control de tráfico. «A nadie le cabe duda de que a Ciudadanos no le temblará el pulso», remarcó el secretario general, José Manuel Villegas, poco antes de conocerse el arresto de Ruipérez. Desde la formación ovetense rechazaron hacer declaraciones a lo largo del día de ayer sobre esta operación que concluirá a lo largo del día de hoy.

Ruipérez llegó a Ciudadanos tras ser descabalgado del PP, quien le colocó al frente de Protección Civil en el municipio madrileño. Tras coquetear durante meses con el Partido Independiente de Arroyomolinos y con UPyD, aterrizó en las filas naranjas para montar el partido en esta localidad de apenas 30.000 habitantes, la segunda más relevante de las comandadas por Rivera tras Mijas (Málaga).

Confirmada su detención, la dirección naranja abrió una investigación interna y le suspendió «inmediatamente» de militancia. A él y a los otros dos cargos del partido implicados en la trama corrupta, Juan Carlos Fernández y Sabat Marañana, que desempeñan su trabajo en la diputación de León. El primero, como diputado allí y portavoz del Ayuntamiento de San Andrés de Rabaneda mientras que el segundo lo hace como asesor de la formación.

Maraña, uno de los rostros más visibles de Ciudadanos en esta comunidad, recaló en la formación liberal tras engrosar las filas de UPyD. En 2016, se aupó como coordinador provincial, pero se vio forzado a dimitir tras descubrirse que falseó su currículum.

Desde la cúpula naranja insisten en que si durante la investigación surgen nuevos casos de militantes que «tengan que declarar ante el juez», se les aplicará el mismo procedimiento de suspensión. En caso de confirmarse su imputación serán expulsados del partido, tal y como recogen sus estatutos.

Ciudadanos intenta así aplicar el mismo código que ha exigido al resto de partidos de apartar a los imputados de la vida pública. Un compromiso que obligaron a adquirir al PP para reelegir a Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y al PSOE en el pacto de investidura de Susana Díaz en Andalucía, por el que Manuel Chaves y José Antonio Griñán tuvieron que renunciar a sus escaños tras ser investigados por el caso de los ERE.