La defensa de Cascos atribuye la querella a luchas políticas y Foro ve similitudes con el 'caso Villa'
Carmen Moriyón ratificará hoy la demanda y el expresidente del Principado declarará como investigado por apropiación indebida
ana moriyón
Miércoles, 23 de septiembre 2020, 00:58
El expresidente del Principado y fundador de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, está citado hoy por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo en calidad de investigado por un presunto delito de apropiación indebida y administración desleal. Previamente declarará ante la jueza Simonet Quelle la actual presidenta del partido, Carmen Moriyón. La exalcaldesa de Gijón acudirá al juzgado dispuesta a ratificar la querella penal interpuesta por la formación política que encabeza contra quien fuera durante años su máximo líder.
Se abre así un farragoso procedimiento judicial por el que la actual cúpula del partido pretende reclamar a su fundador el reingreso de los fondos que, bajo su punto de vista, utilizó entre 2011 y 2019 para cuestiones que «nada tienen que ver con la actividad política, sino para actividades estrictamente personales y ajenas al partido». Se refieren a gastos como los generados por las licencias de pesca, la compra de videojuegos, zapatos y billetes de tren a Córdoba para sus hijos, la reparación de un vehículo cuya titularidad correspondía a la que entonces era su esposa o la satisfacción de un hotel en el Principado al padre de aquélla, entre otros, cuantificados en unos 230.000 euros. Del mismo modo, recoge la querella, se le acusa de aprovecharse de su «control absoluto y férreo del partido» para establecer a su favor «una remuneración salarial con cargo al partido por partidas absolutamente abusivas e injustificadas, sin someter en ningún caso a la aprobación de la comisión directiva», y que supusieron entre los años 2011 y 2019 un coste de más de un millón de euros.
Igualmente le acusan de concertar el alquiler de un local como «supuesta sede del partido en Madrid a una sociedad de su propia titularidad y de su entonces mujer» que, aseguran, nunca fue utilizada y supuso un gasto de otros 173.000 euros. En resumen, desde Foro acusan a su expresidente de «hacer suyo el dinero del partido para sus propios gastos, utilizando los recursos ajenos en su provecho y beneficio exclusivo» y cifran el coste total que supuso a la organización, entre salarios, cotizaciones, dietas y gastos irregulares, en 1,8 millones.
Cascos viene defendiéndose de estas acusaciones en los últimos meses –y se prevé que también lo haga hoy ante la jueza– alegando que las cuentas de la formación siempre fueron públicas, fueron aprobadas por la comisión directiva de la que formaban parte los actuales dirigentes, y están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas. Pero también, en su defensa, atribuye esta denuncia a disputas políticas y a la «apropiación indebida» por parte de la actual presidenta del proyecto original de esta formación para convertir «un partido asturiano e independiente en el felpudo del PSOE». Un argumento sobre el que ayer ahondaba su abogado, Luis Tuero, quien entiende que las «motivaciones de esta querella son meramente políticas y derivadas de luchas internas del partido. No hay materia penal ninguna».
La acusación, sin embargo, niega este extremo y recuerda que la querella está sustentada sobre una auditoría externa encargada por la actual dirección del partido de la que se desprenden una serie de graves irregularidades en la gestión de las cuentas durante la etapa de Cascos. El letrado Luis Llanes, del despacho Vaciero, quien defenderá los intereses de Foro en este proceso judicial, va más allá y ve incluso similitudes con el 'caso Villa', instruido también por la jueza Simonet Quelle y que se resolvió con una condena de tres años de cárcel para el líder sindical. «Se trata de un caso muy parecido. Existe un poder desmedido por parte del acusado, un control férreo de los números y una ausencia de mecanismos de control en la organización», compara. «Se repiten los mismos patrones en cuanto a la confusión entre los intereses propios y los intereses de partido», añade el abogado, que entiende que existen gastos como el de los zapatos de sus hijos «muy complicados de justificar».