Dos asociaciones retan a Sánchez a identificar a los jueces «que hacen política» o se querelle

Las asociaciones han reaccionado así a las palabras de Sánchez el pasado 1 de septiembre en una entrevista en el telediario de TVE, en la que el jefe del Ejecutivo afirmó que «hay jueces haciendo política» y apeló al Consejero General del Poder Judicial (CGPJ) para que estudie si estas causas «tienen los parámetros de independencia y de respeto a la presunción de inocencia que merecen todos los ciudadanos».

A ello se sumaron las manifestaciones de Bolaños en una entrevista el pasado domingo, donde calificó las palabras de Sánchez como la constatación de «una realidad incontestable» y pidió al órgano de gobierno de los jueces «dar un toque serio» a determinadas instrucciones judiciales.

«Más allá del derecho a la libertad de expresión y de la legitimidad que en democracia ha de tener la posibilidad de criticar el contenido de resoluciones judiciales, estas declaraciones suponen un daño gravísimo a la separación de poderes y a la confianza que los ciudadanos han de tener en sus jueces y magistrados», reprochan los dos colectivos de la judicatura en un comunicado conjunto, que no suscriben las otras dos asociaciones: la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la progresista Jueces y Juezas para la Democracia (JJPD).

En su escrito remitido a los medios de comunicación, ambas asociaciones han lamentado que Sánchez y Bolaños no se han limitado a mostrar su discrepancia «con algunos autos y sentencias», sino que han sostenido que en nuestro país existen jueces y magistrados que «dictan sus resoluciones siguiendo un interés estrictamente político».

«Sencillamente, están afirmando que algunos miembros del poder judicial incurren en prevaricación, que es el más grave delito que un juez puede cometer en el ejercicio de su función», han agregado, equiparando dicha acusación a la que podría darse si una asociación judicial «dijese alegremente» que hay «unos pocos ministros» en el Gobierno de España o «unos pocos diputados o senadores» que son «corruptos».

En este sentido, han afirmado que «la gravedad de estas afirmaciones es enorme», y el hecho de que se resalte que los comportamientos denunciados «son muy minoritarios no resta trascendencia a lo dicho». El mensaje que se traslada al ciudadano, según las asociaciones, es que, «si un juez actúa así, cualquiera puede hacerlo». «En una democracia avanzada no es de recibo que un presidente del Gobierno y un ministro de Justicia trasladen a la ciudadanía acusaciones tan graves sobre el ejercicio de la función jurisdiccional, y que ello no tenga consecuencia alguna», han proseguido en su comunicado.

Por este motivo, han subrayado que si el Ejecutivo tiene pruebas de que existen jueces que dictan resoluciones con interés político, «identifiquen tales hechos y presenten las denuncias o querellas correspondientes», ya que estas conductas serían constitutivas de ilícito penal y los jueces son «los primeros interesados en que se persiga a los jueces que cometen delitos».

En caso contrario, reclaman que tanto el presidente como el ministro «rectifiquen y se desdigan de las manifestaciones vertidas», ya que «el recto ejercicio de sus cargos no es compatible» con expresiones que «cuestionan el normal funcionamiento de las instituciones públicas» y «menoscaban la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia».