El escolta de Puigdemont, un «asesor» de 60.000 euros al año

Carles Puigdemont./Reuters
Carles Puigdemont. / Reuters

La Fiscalía Superior catalana investiga si la Consejería de Interior destinó al mosso Lluís Escolà a la protección del expresidente en Bélgica

R. C.Barcelona

La Fiscalía Superior de Cataluña anunció este miércoles la apertura de diligencias de investigación tras la denuncia presentada por el Grupo de Ciudadanos en el Parlament contra el consejero de Interior, Miquel Buch, por presuntamente destinar como escolta del expresidente Carles Puigdemont en Bélgica a un asesor de su departamento.

Se trata del sargento de los Mossos d'Esquadra Lluís Escolà, que fue designado en julio de 2018 de forma «discrecional» con una retribución anual bruta de unos 60.000 euros, según el Ministerio Público. El agente trabajaba para el consejero Buch como «asesor en materia de sistemas de seguridad», pero en realidad desarrolló supuestamente actividades de custodia o protección de Carles Puigdemont, que está procesado en rebeldía en la causa del 'procés' y tiene una orden de detención vigente en todo el territorio nacional.

La Fiscalía quiere conocer la retribución percibida por el sargento mientras prestó sus funciones en Interior y la situación administrativa en relación a su pertenencia al cuerpo de los Mossos.

Fotos y mensajes

Los diputados de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, Matías Alonso y Jean Castel, presentaron la denuncia el martes por delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. En su escrito aportaron fotografías y mensajes aparecidos en redes sociales, de los que «al menos, en apariencia, se desprende que Escolà hizo de escolta de Puigdemont en Bélgica y en otros desplazamientos por países europeos.

El Ministerio Público pidió este miércoles al máximo responsable de los Mossos que averigüe si el funcionario hizo realmente de escolta y que detalle sus tareas como asesor en la Consejería de Interior, cargo del que fue cesado hace unos días, según el diario oficial de la Generalitat.

La Fiscalía tiene seis meses para investigar los hechos y presentar en los juzgados una querella contra algún responsable penal o decretar el archivo si no aprecia indicios de delito.

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