El Gobierno afronta la cuesta de enero con Ábalos y la cuestión de confianza de Junts

Esta última cuestión, más allá del resultado simbólico, no supondría ninguna obligación para el presidente, pero    los de Carles Puigdemont, de cuyo apoyo dependen proyectos con el de los Presupuestos Generales del Estado, la han convertido en un caballo de batalla para presionar a un Gobierno que ven «en números rojos». Los poscovergentes exigen al PSOE que acepten tramitarla en laMesa del Congreso para evitar «el colapso» de la legislatura.

El pasado 17 de diciembre, cuando la cuestión fue llevada ante el órgano rector de la Cámara baja, los socialistas y Sumar    usaron su mayoría para congelar la calificación de la PNL y evitar así mojarse sobre un asunto crítico. El propio Puigdemont, en una entrevista que esa noche concedió a TV3 valoró el gesto de forma positiva:«nos lo tomamos bien, han estado prudentes». Pero advirtió de que las consecuencias de un rechazo a la proposición de su partido serían «irreversibles».

La cuestión, como un bumerán, volverá a debatirse este mes en la Cámara baja, que tiene previsto celebrar «varias» reuniones de la Mesa, aún sin fecha marcada, según explican fuentes parlamentarias a este periódico. Lo más probable, a tenor de la agenda oficial que ya está confirmada, es que la decisión regrese no antes de la semana del 13 de enero. Eso sí, de calificarse, la PNLno se debatirá en el pleno hasta que regrese la actividad parlamentaria ordinaria, es decir, como muy pronto en febrero.

PSOEy Sumar tomaron su decisión pese a contar con el aval de los letrados de la Cámara baja. La iniciativa, de hecho, genera dudas sobre su encaje constitucional, ya que corresponde solo al presidente del Gobierno someterse a la cuestión de confianza.

En concreto, los servicios jurídicos indicaron que, ante la ausencia de precedentes similares, la Mesa del Congreso puede adoptar cualquiera de las posibilidades en su mano: dar trámite a la iniciativa tal y como está, incluir una apostilla para dejar claro que no tendrá efectos jurídicos, solicitar a Junts que la reformule para hacer constar esa falta de consecuencias jurídicas, o directamente no admitirla a trámite. Los letrados subrayan,  eso sí, que al tratarse de una proposición no de ley sin efectos jurídicos y que no obliga al Gobierno a cumplirla, no veían obstáculo para su debate en el pleno. En todo caso, el órgano de gobierno de la Cámara no ha solicitado más documentación a los letrados.

Por otra parte, y en medio de un vía crucis judicial del Gobierno ante los tribunales la decisión del suplicatorio de Ábalos está fijada para el 13 de enero. Tendrá lugar una semana después que el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, declare como testigo ante el Supremo en la causa abierta al fiscal general por la presunta revelación de datos confidenciales del novio de la presidenta madrileña y    de que la jueza de Badajoz Beatriz Biedma tome testimonio como imputados al hermano del presidente Sánchez y al líder de los socialistas extremeños.

La Comisión del Estatuto de los Diputados le ha citado ese día por si el exministro de Fomento quiere defenderse ante la petición del Alto Tribunal (también puede hacerlo por escrito). El plazo para que presente las alegaciones que considere oportunas se cerrará ese lunes a las 10:00 horas. Dos horas más tarde se celebrará una nueva reunión de la comisión por si el exnúmero 3 del PSOE desea comparecer ante ella.

Comparezca o no, la comisión cerrará las conclusiones que ya irían a sesión plenaria. Eso sí, como explican fuentes parlamentarias, salvo que se lleve a un pleno extraordinario, este no se celebrará tampoco hasta febrero.