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El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, tras declarar en calidad de investigado, en abril EP

El hermano de Sánchez se sentará en el banquillo por presunto enchufe

La Audiencia Provincial avala la celebración de la vista oral. Es la primera vez que un familiar directo de un presidente del Gobierno es enjuiciado

Rocío Romero

Badajoz

Martes, 23 de septiembre 2025

Habrá juicio en el caso Azagra. Así lo ha decidido la Audiencia Provincial de Badajoz, que ha hecho pública este martes la respuesta a los recursos presentados por los once imputados y la Fiscalía, y que pedían la absolución en el procedimiento que estudia si la Diputación de Badajoz enchufó al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, como coordinador de las actividades musicales en 2017. Y si, posteriormente, este enchufó a quien identificó como su colaborador, Luis Carrero.

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Los magistrados se reunieron el pasado 15 de septiembre para deliberar sobre los recursos y han decidido que habrá juicio tras apreciar que existen suficientes indicios de delito como para que se celebre juicio oral. Esto es lo mismo que decidió la titular de la instrucción, Beatriz Biedma, que decretó la apertura de juicio oral antes de verano.

Esa fue su última resolución en este procedimiento. Los recursos se dirigieron a la anterior, del 29 de abril, que transformó la instrucción en procedimiento abreviado y dejaba al borde del banquillo al secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo Miranda, al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, y a otras nueve personas vinculadas con la institución. Entre ellos, figuran los tres últimos diputados de Cultura, los directores del mismo área y funcionarios de Recursos Humanos, así como trabajadores que han salido de la Diputación.

Se les imputan presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Las penas que afrontan son distintas, pero las más altas llegan a los tres años de cárcel e inhabilitación de hasta 15, así como multas. Por la importancia de las penas, el juicio se celebrará en la Audiencia después de que el TSJEx desatendiera el intento del secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, de ser juzgado en el alto tribunal extremeño por haberse convertido en diputado regional unos días antes y, por tanto, en aforado.

De Manos Limpias al PP

La investigación nació a raíz de la denuncia de Manos Limpias en primavera de 2024 y se han fueron sumando otras asociaciones como Hazte Oír, Abogados Cristianos, Iustitia Europa y Liberum, y los partidos Vox y PP.

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Inicialmente, denunciaron el presunto enchufe de David Sánchez en la institución, su absentismo del puesto de trabajo, que residía en Elvas para evadir impuestos en España y un supuesto incremento patrimonial. La investigación fue avanzando y se han descartado algunas denuncias. Entre ellas, un aumento injustificado del patrimonio o que pagara menos impuestos por residir en Portugal.

Pero fueron aflorando otros detalles en la instrucción que se han convertido en pieza central del caso. Entre ellos, si la modificación del puesto original adjudicado en 2017 como coordinador de actividades musicales de los conservatorios al de jefe de la Oficina de Artes Escénicas se realizó conforme a Ley en 2022. Y si el propio David Sánchez pudo usar su influencia en la Diputación para contratar a quien él mismo identificó como su colaborador en la institución provincial, Luis Carrero, con una comisión de servicio a la que ha renunciado antes de tiempo. Sánchez también se marchó de la institución a principios de febrero de este año.

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«Si esto no lo es ('lawfare'), se le parece mucho», censura a la juez el líder del PSOE extremeño

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha acusado a la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, de hacer política «indiscutiblemente» con una instrucción «muy irregular» basada en «sospechas y sin indicios claros». «Lo único que ha existido han sido conjeturas y la compra de todo el relato de la ultraderecha que es la que puso en marcha este procedimiento», ha afirmado.

En declaraciones a TVE, Gallardo ha sostenido que a lo largo del año y medio de la instrucción se han identificado «44 millones de correos electrónicos y no se ha encontrado absolutamente ningún indicio que sea lo suficientemente razonable». Y ha insistido en su censura severa a la actuación de la juez: «Yo considero que si no lo es ('lawfare' o guerra judicial) se le parece mucho, esa es la realidad».

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