Interior usará el reconocimiento facial automático para resolver crímenes a partir de primavera

El programa, que se denomina ABIS (Sistema Automático de Identificación Biométrica, por sus siglas en inglés), será capaz en cuestión de segundos de identificar a la persona que aparezca en cualquier grabación de cámaras «públicas y privadas» y facilitar una identidad, si este sujeto está en las bases de personas fichadas de la Policía y la Guardia Civil. Las policías autonómicas, por el momento, no van a cebar con sus reseñas los archivos que usara el ABIS, pero está previsto que lo hagan en el futuro.

Esta herramienta de ciencia ficción, que viene testándose desde hace años en la Sección de Antropología Forense de la Comisaría General de Policía Científica, cotejará las imágenes grabadas en los lugares de los crímenes con las 1.347.120 reseñas que ha introducido ya en el sistema el instituto armado y las 3,5 millones de fotografías «indubitadas» de sospechosos que el CNP está acabando de volcar. En dos o tres semanas, según los responsables del Interior, el enorme archivo de fichados, «salvo problemas técnicos», deberá estar operativo y listo para usarse con el ABIS.

Los informes de Interior y las numerosas respuestas del Gobierno a preguntas parlamentarias a la que ha tenido acceso este medio afirman tajantes que en ningún caso las fuerzas de seguridad del Estado usaran el ABIS para el control de personas en espacios públicos, como sí hace desde hace años de manera masiva el Gobierno chino. Tampoco –afirma el Ejecutivo- se utilizará nunca para cotejar con bases ajenas a las de los sujetos fichados, como podría ser el fichero fotográfico del DNI.

«ABIS se utilizará exclusivamente en investigaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado en materia de prevención, investigación y detección de infracciones penales, concretamente cuando sea necesaria la identificación de las personas implicadas en esas infracciones a través de huellas dactilares y/o fotografías faciales», afirma el Ejecutivo en una de los documentos remitidos al Parlamento, donde la futura puesta en marcha de esta herramienta ha levantado muchos recelos, sobre todo entre las fuerzas de izquierdas aliadas del propio Gobierno de Pedro Sánchez.

Los informes del Ministerio del Interior se esmeran en destacar la legalidad de esta herramienta, que ha provocado también muchas críticas entre los expertos del sector. El equipo de Grande-Marlaska asegura que el ABIS cumple con la 'ley orgánica 7/2021 de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales'. Y que, en cualquier caso, va a operar bajo el amparo del fichero número 15 denominado SAID (Sistema Automático de Identificación Dactilar), que ya estaba autorizado por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Interior arguye que esta herramienta ya tendría el visto bueno de la AEPD porque simplemente al SAID se le va a «añadir un nuevo dato biométrico». «Ya se trataba un patrón dactilar y se añade un patrón facial», afirman los informes oficiales de Gobierno, que insiste en las «garantías» en la «protección de los derechos» de las personas que sean investigadas por este sistema, que además podrá ser «auditado» por cualquier organismo y en especial por la Agencia Estatal de Supervisión de la Inteligencia Artificial y Control de los Algoritmos.

El ABIS, no es infalible en las identificaciones, pero se acerca. Según los documentos del Interior, la herramienta está en «top 50 de los mejores softwares del mercado internacional» en el que se venden 394 sistemas similares. El ABIS, tras ser sometido a dos tandas de búsquedas entre 1,2 millones y 3 millones de fotografías, da un «solo» un 3% de «falsos negativos». En cualquier caso, la decisión final nunca será de la máquina sino de los policías expertos. «Una vez se cuente con este resultado, los especialistas en reconocimiento facial, deberán realizar sobre cada imagen ofertada, el mismo proceso de comparación manual realizado hasta la fecha para confirmar o descartar la correspondiente identificación», señala la información oficial.

Interior prevé que las identificaciones realizadas por el ABIS puedan conservarse durante «un plazo máximo de 20 años, revisable cada tres». No obstante, ese plazo puede ampliarse si esas coincidencias son parte de una investigación que no esté cerrada. Como en el caso de las huellas o las pruebas de ADN el interesado también podrá pedir su cancelación junto a sus antecedentes policiales.

«Todas las operaciones que lleve a cabo un usuario de la utilidad de reconocimiento facial (siempre un miembro de las fuerzas de seguridad) , serán trazadas almacenadas en la base de datos del fichero, de forma que siempre podrá saberse quién hizo qué, cómo, cuándo y con qué registros», intenta tranquilizar Interior a los parlamentarios en sus respuestas oficiales.